Miércoles 11 DE Diciembre DE 2019
Opinión

Protestar en democracia o luchar contra la dictadura

No es lo mismo protestar en democracia que oponerse a la dictadura.

Fecha de publicación: 02-12-19
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

Una de las maneras en que las poblaciones expresan su descontento e inconformidad ante determinadas políticas o actuaciones de los gobernantes, es a través de manifestar públicamente en las calles. El propósito es hacerse sentir y escuchar por la autoridad.

En el marco de una democracia republicana, se reconoce el derecho de manifestación pública, que está íntimamente asociado a las libertades de conciencia, expresión de ideas y reunión pacífica y sin armas, el cual se ejercita mediante actos cívicos o políticos a través de los cuales la población exige movilizaciones, protestas y reclamos en lugares públicos, a las autoridades estatales que garanticen los derechos fundamentales de las personas, así como que cumplan con sus obligaciones constitucionales o legales.

Como todo derecho humano, el ejercicio del derecho de manifestación pública no es absoluto y tiene como límites tales como la colisión con el ejercicio de otros derechos fundamentales por otras personas, por ejemplo el derecho de libre locomoción y tránsito, así como la garantía del orden público, que se traduce en la preservación del normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, así como la paz y la plena vigencia del Estado de Derecho.

Por supuesto, cuando una manifestación desemboca o degenera en situaciones que suponen la perturbación grave del orden público, el Estado está obligado a accionar o reaccionar para impedir que se amenacen o lesionen los derechos humanos de los otros habitantes, así como para que la institucionalidad democrática continúe funcionando y cumpliendo con sus fines. Claro, la fuerza pública debe actuar en proporción al desborde de los ánimos de los manifestantes, tratando de disuadir más que reprimir, así como evitar que se atente contra los servicios públicos, la infraestructura física y la iniciativa privada. Bajo un Estado de Derecho, los agentes del Estado están sujetos a que en su contra se deduzcan responsabilidades legales por sus excesos o abusos, así como sensibles a la crítica de la opinión pública y de la comunidad democrática internacional. 

Por el contrario, bajo un régimen despótico, cuando las manifestaciones se convocan y tienen lugar en protesta contra la concentración  de poder, el abuso de autoridad, la confiscación arbitraria de bienes, la cleptocracia (el gobierno de los ladrones y mafiosos), el fraude electoral, así como contra el irrespeto sistemático de los derechos humanos, se asocian al derecho de resistencia contra la opresión. Cuando rige una dictadura, las marchas y protestas ciudadanas son reprimidas brutalmente, con absoluta impunidad, y con el ánimo de aplastar a la oposición política y la disidencia, así como de encarcelar arbitrariamente o, incluso, asesinar a los enemigos y adversarios. Luego, no se busca preservar el orden público democrático y los derechos humanos de los demás, sino que la intención es sofocar, socavar y destruir a quien se opone a la tiranía.

Por tanto, las manifestaciones en democracia no son comparables con las marchas y protestas contra un régimen con vocación autoritaria o totalitaria. En la actualidad latinoamericana, podemos advertir las dos modalidades de expresiones: Bajo las democracias republicanas que rigen la vida de los habitantes de Chile, Guatemala y Colombia, por ejemplo, tienen lugar manifestaciones, incluso furiosas, desbordadas e incontrolables, algunas de las cuales han degenerado en destrozos y vandalismo, contra gobiernos elegidos en comicios justos y libres, en donde está vigente un Estado de Derecho, aunque, por supuesto, con disfuncionalidades que deberían irse superando; en tanto que, bajo los regímenes despóticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, las protestas y movilizaciones de la oposición política son reprimidas con odio, crueldad, así como con toda la intención maliciosa de causar daño, desmoralizar y destruir a las personas o grupos objeto de intolerancia, violencia o supresión.

De suerte que no es lo mismo protestar y marchar públicamente en un país donde rige una dictadura oprobiosa, que hacerlo en un país democrático. Sin duda, una gran diferencia.