Miércoles 11 DE Diciembre DE 2019
Opinión

Contraste electoral

Fecha de publicación: 02-12-19
Por: Editorial

En 2019, la Corte Electoral de Uruguay ha vuelto a ser ejemplo en Latinoamérica en materia de organización de un proceso electoral justo, ordenado y transparente, lo que contrasta con la malhadada organización electoral en otros países como Bolivia y Guatemala. En todo caso, la campaña electoral uruguaya se caracterizó por el respeto a la igualdad política y un escrutinio irrefutable.

La Corte Electoral de Uruguay llevó a cabo el conteo de los votos de manera incontrovertible y sin que hubiera objeciones por parte de los partidos en contienda como de los ciudadanos. Por tanto, los resultados gozan de la absoluta confianza ciudadana. Nadie los cuestiona u objeta, lo que acredita la optimización de recursos, la neutralidad política y la honorabilidad de la autoridad electoral.

En Uruguay, el presidenciable de la oposición política (Partido Nacional), Luis Lacalle, derrotó en las urnas electorales al abanderado oficialista (Frente Amplio), Daniel Martínez, por una diferencia de cerca de 150 mil votos, y todo el mundo aplaudió. Incluso, Martínez, además de reconocer el triunfo de Lacalle, fue a saludarlo personalmente y ofrecerle una oposición política leal y constructiva.

En Guatemala, los dos últimos procesos electorales, que concluyeron con la consulta popular celebrada el 15 de abril de 2018 y con las elecciones celebradas el 16 de junio y el 11 de agosto de 2019, fueron, además de pésimamente organizados, objeto de múltiples manipulaciones y desencuentros. Particularmente, en los comicios celebrados el 16 de junio ocurrieron graves irregularidades e inconsistencias. Empero, la autoridad electoral fue respaldada por la OEA, al igual que en Honduras en 2017, aunque muchas anomalías fueron similares a las que se dieron en Bolivia con ocasión de las elecciones celebradas el 20 de octubre de 2019. Sin duda, esto redundará en la ilegitimidad de origen de la Legislatura que se instalará el 14 de enero de 2020.

En Bolivia, el fraude electoral en favor del gobernante Evo Morales fue escandaloso y considerado un “autogolpe de Estado”, extremo que fue acreditado por la OEA, lo que redundó en la renuncia, abandono del cargo y autoexilio de Morales, así como en el restablecimiento de la democracia institucional a través de un gobierno provisional y la repetición de las elecciones.

Por cierto, lo que está ocurriendo en Bolivia se asimila a lo que ocurrió en Honduras, en junio de 2009, cuando el entonces gobernante Manuel Zelaya, vinculado al ALBA, integrado por regímenes bolivarianos, buscó la reelección presidencial a través de un procedimiento ilegal, que, prácticamente, lo colocó en una posición de gobernante de facto. Esto provocó su expulsión del país y que se habilitara una transición presidida por un gobernante provisional, Roberto Micheletti, quien permaneció en el cargo hasta que tomó posesión un nuevo presidente electo en enero de 2010.