Viernes 13 DE Diciembre DE 2019
Opinión

Capital humano fantasma

La tarea de reformar el marco legal del servicio público es del Congreso, pero este organismo ha sido ejemplo y criadero de plazas fantasmas.

Fecha de publicación: 29-11-19
Por: Manfredo Marroquín

Una de las tantas tareas pendientes en la administración pública guatemalteca es la gestión profesional del capital humano con que cuentan las instituciones del Estado para cumplir sus tareas y funciones constitucionales. Todos sabemos que la base de éxito de cualquier organización privada o pública es la contratación y gestión del capital humano con el que disponga.

Los gobiernos van y vienen fracasando estrepitosamente cada cuatro años porque prefieren convivir con el esquema obsoleto y disfuncional que sigue imperando en el Estado con una Ley de Servicio Civil que data de 1969 y que les permite la contratación a dedo sin rendición de cuentas, que asumir la responsabilidad de crear un nuevo sistema que elimine los bolsones discrecionales de contratación de personal y establezca mecanismos de evaluación de resultados y metas de parte del funcionariado público.

Esta semana se conocieron los resultados del cacareado censo de empleados públicos que no hubiera sido posible hacerlo sin los recursos dispuestos por la comunidad internacional, lo cual ya es un indicador que al gobierno mismo le tiene sin cuidado invertir en algo completamente esencial pues ninguna organización puede asegurar una buena gestión si ni siquiera conoce con qué personal cuenta para desempeñar las tareas encomendadas.

El estudio tomó casi tres años realizarlo solo para el gobierno central, es decir ministerios y secretarías, siendo este otro indicador del desorden imperante pues solo la tarea de cuantificar al personal resultó una tarea difícil y tardada, no digamos hablar de tareas más complejas como implementar sistemas de evaluación y medición de resultados.

Cada gobierno que entra aumenta por lo menos un diez por ciento la plantilla del personal siendo conservadores, pues hay ministerios como el de Salud que ha duplicado su planilla en menos de una década. Eso sí, la mayoría de contrataciones nuevas se hace bajo los renglones que ofrecen mayor discrecionalidad y nula rendición de resultados como el famoso 029. El censo dio un resultado de 292 mil empleados, esto sin contar los otros dos poderes del Estado, las entidades descentralizadas y semiautónomas, municipalidades, etcétera.

De ese universo censado hubo más de un diez por ciento que no pudieron ser localizados, un total de 37 mil 944, lo que en lenguaje periodístico podríamos denominar plazas fantasmas. Hubo ministerios que incluso negaron colaborar con el censo argumentando motivos de confidencialidad algo realmente insólito a la luz de normativas vigentes como la Ley de Acceso a la Información Pública que obliga a todas las entidades del Estado a ofrecer información actualizada de cuántos empleados y bajo qué renglones se encuentran contratados en cada institución.

Si el cuadro de contratación y gestión de recursos públicos es tan desastroso cabe preguntarnos ¿por qué a ningún gobierno le ha interesado resolver este asunto? Simple; a ningún gobierno de los electos les interesa organizar la administración pública pues son metas y objetivos de corto plazo y de carácter personal o de grupo, nunca de país.
La tarea de reformar el marco legal del servicio público es del Congreso, pero este organismo ha sido ejemplo y criadero de plazas fantasmas. Es la ciudadanía la única que puede exigir y poner fin a un esquema de Estado organizacional que solo es funcional para quienes desgobiernan, las mafias y otros grupos criminales que se alimentan de la existencia de un Estado cada vez más fantasma.