Viernes 13 DE Diciembre DE 2019
Opinión

Alcaldes y aeropuertos ¿Qué pretenderá Giammattei

Ojalá el Presidente electo amplíe más detalles sobre el tema, para que cualquier ciudadano no se imagine lo que no sucederá y pueda confiar en la forma que ejercerá su liderazgo.

Fecha de publicación: 29-11-19
Por: Silvia Tejeda

No deja de sorprender la reciente declaración del doctor Giammattei acerca de que los aeropuertos serán entregados a los alcaldes de turno, según sea el departamento donde estén ubicados. Tal aseveración a muchos deja perplejos, puesto que es del conocimiento público el estado tan precario en que estos funcionan, y que dentro de los políticos de turno pervive el cosquilleo de concesionárselos a empresas particulares.

El futuro Mandatario no ha sido suficientemente explícito para dar a conocer las causas que lo motivan a tomar tan temeraria decisión. ¿Temeraria? Sí. Ya que la capacidad y la experiencia, en términos organizativos administrativos, nunca será la misma. Entre un funcionario edil y otros. No se puede pretender que la capacidad del Alcalde de la ciudad de Guatemala y su equipo de colaboradores pueda ser la misma que la de los alcaldes de Huehuetenango o Santa Elena, Petén.

Si los guatemaltecas no conocemos los pormenores de esa idea, bien nos podemos imaginar una serie de motivos que no han sido expresados, y que significan el entorno conflictivo y hasta corrupto con que los aeropuertos funcionan. Su función es, primordialmente, la seguridad del país, evitar el contrabando y el tráfico de personas ilegales. Aspectos que sin duda, como es acostumbrado, se lo confiará a la SAT y a los cuerpos policíacos. Si eso así, ¿qué autoridad tendrá el alcalde si son otras instituciones quienes tendrán el manejo de esas actividades?

Están frescas en la memoria histórica la prepotencia de la señora Roxana Baldetti ejerciendo su autoridad para que el Salón de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores fuera el parapeto para que a sus protegidos se les dejara abordar los aviones sin pasar por las medidas de control establecidas para todos los guatemaltecos. Además, que no se olvida el abuso de poder de la hermana y la sobrina de la señora Sandra Torres, que se hizo público el contenido de sus valijas: una llamativa cantidad de efectivo. Y cuántos otros descarados más usan la prepotencia para escapar de la fiscalización a través de ese salón cuyo funcionamiento debe ser otro. ¿Está capacitada la municipalidad de Guatemala, donde la voz del alcalde es omnímoda, para lidiar con las presiones de políticos y politiqueros cuando pretenden escapar y sacar o entrar al país su podredumbre moral?

Especialmente el aeropuerto de La Aurora es identificado como una institución que funciona repartida entre civiles y militares. Ambos se unen cuando se toman decisiones de concesionar el espacio interior y el exterior del valioso aeropuerto. Sin temor, se puede afirmar que el noventa por ciento de sus áreas de servicio están parceladas por medio de contratos con particulares. ¿Cómo es que un patrimonio del Estado tan importante lo convirtieron en un mercado que refleja la forma de comerciar… tan anárquicamente legalizada?

Al menos que el doctor Giammattei ya tenga un as bajo la manga, que solo utilice el figurón de los alcaldes para lograr su propósito, se podría entender tan incongruente decisión. Como por ejemplo, podría existir un acuerdo con el poder militar sobre el control total de los aeropuertos; o bien, que por la falta de preparación de algunos alcaldes, justifiquen arrendar por varios lustros el funcionamiento de los aeropuertos a empresas particulares.

Mientras los ediles cumplen sus acrecentadas obligaciones, ¿de dónde les vendrá el apoyo para controlar el cielo abierto con que se sirve a los avioncitos del narcotráfico? Y así podrían seguir surgiendo preguntas. Ojalá el Presidente electo amplíe más detalles sobre el tema, para que cualquier ciudadano no se imagine lo que no sucederá y pueda confiar en la forma que ejercerá su liderazgo. Un trabajo ejemplar que beneficie al país y no apoye la continuación de no seguir dando privilegios con los bienes del Estado para beneficio de protegidos, como se ha practicado en gobiernos anteriores: Réditos millonarios de por vida para unos pocos y encarecimiento de servicios básicos para la mayoría de ciudadanos.