Sábado 14 DE Diciembre DE 2019
Opinión

Supresión de la tasa de alumbrado público

Fecha de publicación: 28-11-19

En mayo de 2009, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), a petición del entonces alcalde de la Capital, Álvaro Arzú, autorizó que se incluyera en la facturación a los usuarios de energía eléctrica la tasa de alumbrado público (TAP), equivalente al 13 por ciento sobre el consumo de energía eléctrica.

A raíz de esta decisión, todas las corporaciones municipales solicitaron a la CNEE la inclusión de la TAP, cuyo importe en algunos casos llega hasta el 250 por ciento del consumo de energía eléctrica, en la facturación a los usuarios de energía eléctrica de sus municipios, lo que, obviamente, está incidiendo en la resistencia al pago de la factura eléctrica.

La autorización de la CNEE se basa en el Reglamento de la Ley de Electricidad, que es un acuerdo gubernativo mediante el cual se reconoce la TAP, aunque en la Ley General de Electricidad no se admite la existencia de la TAP. Por cierto, la recaudación de la TAP no se destina a proveer el servicio de alumbrado público, porque esto es una obligación legal que pesa sobre las empresas distribuidoras de electricidad. De esa cuenta, la TAP es un simple recargo discrecional y antojadizo sobre los usuarios de energía eléctrica.

En todo caso, la TAP no es realmente una tasa (cuya emisión le corresponde a las municipalidades), sino que es un arbitrio, que, de conformidad con lo que disponen los Artículos 171, literal c), y 239, párrafo primero, de la Constitución, solo puede decretarlo el Congreso. En todo caso, la CC, en reiterados fallos, ha establecido que una tasa es “una relación de cambio por virtud de la cual un particular paga voluntariamente una suma de dinero y debe recibir como contraprestación un determinado servicio público”.

La TAP es un tributo impersonal, general e indiscriminado que se impone y obliga a pagar a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica. Luego, los consumidores de energía eléctrica no lo pagan voluntariamente a cambio de un servicio municipal, a manera de contraprestación. Además, como ya se dijo, las municipalidades no prestan el servicio de alumbrado público, sino que son las empresas distribuidoras de energía eléctrica, por lo que la TAP es un impuesto abusivo e injustificado, que se destina a gastos discrecionales de las comunas. En dos platos, la TAP es un arbitrio encubierto (que no ha sido decretado por el Congreso) y, por ende, contraviene la Constitución.

No obstante la notoria ilegalidad de la TAP capitalina, la CC se abstuvo de declarar inconstitucional la disposición de la comuna capitalina que obliga a pagar la TAP, contradiciendo con ello un fallo anterior de la misma CC que declaró sin vigencia la TAP fijada por la Municipalidad de Escuintla, lo que alentó a muchas municipalidades a incrementar la TAP en forma abusiva y antojadiza.

Hoy en día, la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) pretende que el Congreso legalice la TAP y otorgue a las municipalidades la facultad de fijar, a su discreción, la TAP, a partir de un mínimo de diez por ciento, o sea que se quiere imponer a los usuarios cobros que, además de injustificados, sean ilimitados. Sin duda, esta pretensión es un descarado abuso que no debe tolerarse.

En nuestra opinión, la CNEE debería suspender la inclusión de la TAP en las facturas de energía eléctrica que se envían a los usuarios. Asimismo, nuevamente debería impugnarse ante la CC la TAP capitalina, así como las impuestas en otros municipios, a fin de que se aplique la Constitución y se ponga fin a este cobro ilegal, que ha sido y es un detonante de conflictividad en muchos municipios del país, así como ha obligado a muchos ciudadanos a recurrir al derecho de resistencia.