Viernes 13 DE Diciembre DE 2019
Opinión

Consejo Económico Social: ¿Un elefante blanco?

Fecha de publicación: 27-11-19

El Consejo Económico Social (CES) es una “entidad autónoma”, prevista como “órgano consultivo del Estado”, creada mediante la Ley Orgánica del CES (Decreto 2-2012 del Congreso). Tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y asignación presupuestaria estatal. Su objeto es emitir opinión “con relación al contenido y la gestión de las políticas públicas económicas y sociales diseñadas e implementadas por los organismos del Estado”, aunque con relación a los organismos del Estado, las decisiones del CES no son vinculantes. Asimismo, tiene competencia para conocer con amplitud, independientemente de la denominación que la entidad pública le asigne a la acción que ejecute, sobre las políticas públicas, programas, proyectos y actividades implementadas por los organismos del Estado que tengan relevancia según la Asamblea del CES. También conoce de iniciativas de ley propuestas al Congreso con relación a políticas públicas de interés nacional.

O sea que el CES toma decisiones no vinculantes y opina sobre políticas públicas, programas, proyectos y actividades económicas y sociales, así como sobre proyectos de ley que se hallen en el Congreso con relación a políticas públicas de interés nacional.
Conforme dicha Ley, el CES, diseñado y presidido por Gustavo Porras Castejón, ex secretario privado de la Presidencia durante el régimen de Álvaro Arzú (1996-2000), tiene una composición predeterminada sin representantes del Estado.

De acuerdo con la Constitución, la Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo las funciones de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales, mismas que son indelegables, insustituibles y no replicables en otra entidad; y, asimismo, el Vicepresidente de la República debe presidir todos los órganos de asesoría (consultoría) del Organismo Ejecutivo. Por estas razones, la Ley Orgánica del CES deviene inconstitucional y nula de pleno derecho.

Por otro lado, la Constitución y la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (CDUR) disponen que estos se instituyen para organizar y coordinar la administración pública, mediante la formulación de políticas de desarrollo urbano y rural, así como de ordenamiento territorial, y promueven la organización y participación de la población en el desarrollo integral del país, conforme un Sistema Nacional de CDUR. En todo caso, la formulación de políticas públicas de desarrollo supone la generación a lo interno de todo tipo de opiniones, dictámenes y apoyos (técnicos, políticos, jurídicos y demás).

Finalmente, sorprende la creación de una entidad estatal autónoma para opinar, con una asignación presupuestaria anual de Q8 millones, a pesar de que la razón de ser de las entidades autónomas es la descentralización administrativa, que se traduce en la transferencia desde la administración central de competencias propiamente de gestión.