Viernes 13 DE Diciembre DE 2019
Opinión

El flagelo del contrabando

Fecha de publicación: 26-11-19

En una reciente conferencia de prensa, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), así como el Observatorio contra el Contrabando, señalaron nuevamente que la falta de “voluntad política” ha causado un incremento en la internación a Guatemala de productos que no pagan impuestos o incumplen permisos sanitarios, desde 2012. Agregaron que los siete productos provenientes de México que más se contrabandean son: 1) Aceites comestibles: 2) Abarrotes, dulces y snacks; 3) Huevos: 4) Maíz: 5) Productos lácteos; 6) Bebidas gaseosas; y 7) Carne de cerdo. La devaluación del peso mexicano desde 2012 es la causa principal del contrabando que se origina en México.

El contrabando y la defraudación aduanera representan, en concepto de evasión tributaria, US$2 mil 200 millones (Q16.2 millardos), equivalente al 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La CGAB ha informado que en las fronteras de los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Petén, Izabal y Chiquimula se localizan los puntos por donde ingresa el contrabando, así como que las redes de contrabando utilizan caminos vecinales y pasos vehiculares, para evitar los controles de la SAT.

Sin duda, una de las cabezas visibles de la hidra del crimen organizado en nuestro país es el contrabando (introducción o exportación de productos sin pagar los derechos de aduana a que están sometidos legalmente) y la defraudación aduanera (mercaderías introducidas fraudulentamente). Las otras cabezas visibles de la delincuencia organizada son el narcotráfico, la trata de mujeres y niños, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, el tráfico de madera, el lavado de dinero sucio, el robo de vehículos, la corrupción estatal y el tráfico de personas.

El contrabando y la defraudación aduanera son las mayores fuentes de evasión tributaria. Estos delitos no solo se traducen en defraudación fiscal, sino que también inoculan el veneno de la corrupción y la impunidad a todas las instituciones estatales, especialmente aquellas que están encargadas del control de legalidad y del castigo de los criminales.

El poder de las mafias es tan grande que el territorio nacional ha caído virtualmente bajo la férula de la delincuencia organizada nacional y transnacional, que opera con absoluta impunidad. Esto, prácticamente, significa que el Estado es impotente para enfrentar a los gánsteres, a las bandas armadas, a las maras y al Estado paralelo.

La impotencia de la justicia oficial sigue siendo patética. La conflictividad ha aumentado exponencialmente y el crimen reina en el país. La compra de voluntades se da a todo nivel y todo se “arregla”. Se planea y ejecuta el asalto mafioso a las instituciones del sector justicia, así como el socavamiento del sistema estatal de control financiero, sin que nadie objete o se oponga.

Por tanto, lo que se espera es que las autoridades finalmente se decidan a combatir y erradicar el contrabando y la defraudación aduanera, que, además de abatir los ingresos tributarios, genera una tremenda competencia desleal en menoscabo de los emprendedores formales (porque los contrabandistas comercializan sus productos a precios insostenibles para quienes tienen que tributar), que son los que pagan impuestos y quienes, casualmente, resultan ser los más fiscalizados por la SAT, porque es a los que más fácilmente se les pueden formular supuestos ajustes para explotarlos fiscalmente. En todo caso, lo que se necesita es “voluntad política”, como dice la CGAB, y no más regulaciones en papel mojado.