Lunes 28 DE Septiembre DE 2020
Opinión

Veto presidencial

Fecha de publicación: 18-11-19
Por: Editorial

Como es del conocimiento público, el Congreso, con el voto favorable de 81 diputados, aprobó, mediante el Decreto 10-2019, la Ley de Aceptación de Cargos, con la finalidad de descongestionar el sistema de justicia penal. En el texto del referido Decreto se consigna que el mismo cobrará vigencia un mes después de su publicación en el Diario Oficial.

Dicho Decreto ha sido cuestionado fundamentalmente por las siguientes razones: (i) Al suprimir el obligado testimonio de los reos que resulten beneficiados con la rebaja de penas, se desnaturaliza la justicia premial, que exige que el Estado, a cambio de la rebaja, cuente con la colaboración de dichos reos, para desarticular a las bandas y estructuras criminales; (ii) No garantiza plenamente la reparación digna a las víctimas; y (iii) Se confiere un beneficio adicional a los reos, ya que si la pena, a pesar de la rebaja de la misma por la aceptación de los cargos, excede de los cinco años de cárcel, la primera tercera parte de la pena será inconmutable (no convertible en multa) y el resto se podrá cumplir con un dispositivo telemático, es decir sin guardar prisión pero bajo control GPS. En todo caso, los principios doctrinales que rigen la aceptación de cargos, en el marco de la justicia premial, son justicia, averiguación de la verdad, reparación digna a la víctima y garantía de no repetición, que deben ser plenamente observados.

Dicho Decreto debe ser trasladado al presidente Jimmy Morales para que lo sancione o lo vete, es decir para que lo autorice o lo rechace. Si lo autoriza deberá enviarlo para su publicación en el Diario Oficial, en tanto que si lo rechaza deberá devolverlo al Congreso, para que éste analice los argumentos presidenciales y decida si los acepta o no.

Sin embargo, el veto no es una potestad absoluta, porque, de conformidad con la Constitución, si el Congreso no acepta las razones del veto con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes del número de diputados, el Presidente debe obligadamente sancionar y promulgar (ordenar su publicación en el Diario Oficial) el respectivo decreto. En este caso, si el Presidente no sanciona ni promulga el respectivo decreto, dentro del plazo constitucional, la Junta Directiva del Congreso debe ordenar la publicación del decreto dentro de un plazo que no exceda de tres días, para que cobre vigencia y surta sus efectos.

En nuestra opinión, dadas las deficiencias indicadas, el referido Decreto debería ser vetado por el presidente Morales, tal y como lo recomendó el presidente electo Alejandro Giammattei, para que sea revisado, con mayor detenimiento y profundidad, por el Congreso.

En todo caso, se han presentado varias acciones de amparo contra el Congreso, a raíz de la aprobación del Decreto de marras. En nuestra opinión, dichas impugnaciones son notoriamente improcedentes, por prematuras, dado que el proceso legislativo (iniciativa, discusión aprobación, sanción y promulgación) no se ha agotado, por lo que hasta que el indicado Decreto sea publicado en el Diario Oficial procedería su impugnación.