Domingo 15 DE Diciembre DE 2019
Opinión

Resistencia contra la opresión

Resistir es oponerse al abuso de poder.

Fecha de publicación: 18-11-19
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

El derecho de resistencia contra la opresión es aquella facultad inherente a los ciudadanos a no soportar el ejercicio despótico o abusivo del poder público. Se manifiesta a través de la indocilidad, la oposición, la desobediencia, la rebeldía y la defensa de los gobernados ante la humillación, la usurpación, la injusticia, la dominación y la esclavización perpetrados por las camarillas gobernantes.

De suerte que la legítima resistencia es la respuesta extrema de los ciudadanos ante la violación de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades estatales, réplica que en nuestros tiempos se manifiesta de manera pacífica, pero con mucha elocuencia y contundencia, aunque puede desembocar en una auténtica insurrección contra el abuso de poder y la imposición, tal y como se pudo observar recientemente en Bolivia. Los reparos no necesariamente son concertados, sino que pueden surgir espontáneamente, a guisa de consenso colectivo, como una auténtica fuerza popular que busca liberarse del ejercicio opresivo del poder, como está ocurriendo en Venezuela y Nicaragua.

En todo caso, cabe advertir que el Estado no tiene derechos, contrario a lo que sostienen con vehemencia los partidarios del estatismo y del totalitarismo, sino que solamente ejerce autoridad con sujeción a la Constitución y la ley, y ésta jamás debe emplearse para dominar u oprimir. Cuando la autoridad se excede de sus facultades constitucionales o legales, incumple sus obligaciones jurídicas o no respeta ni protege los derechos de las personas, y estas no pueden defenderse, a través de ningún medio legal o persuasivo eficaz, los ciudadanos, en ejercicio del legítimo derecho de resistencia contra la opresión, quedan habilitados para desacatar, condenar y repudiar las actuaciones, disposiciones, órdenes o resoluciones arbitrarias o abusivas emanadas de la autoridad.

Inequívocamente, el exceso y abuso de autoridad, la impunidad, la opacidad, el terrorismo de Estado, la represión brutal, los actos de corrupción, así como los fraudes electorales perpetrados por regímenes despóticos y expoliadores, son actitudes espurias que conllevan la burla de la voluntad popular y la inobservancia de la Constitución y la ley; y, consecuentemente, empoderan a los ciudadanos a oponerse, luchar y vencer a la autoridad opresora.

Son modalidades del ejercicio del derecho de resistencia pacífica a la opresión: (i) La denuncia ante instancias jurisdiccionales y políticas nacionales e internacionales de la violación de los derechos humanos; (ii) Las manifestaciones y protestas populares contra fraudes electorales y escándalos de corrupción; (iii) Las huelgas de trabajadores y los paros patronales contra los malos manejos de la cosa pública; (iv) La desobediencia civil, a través de no acatar o incumplir disposiciones u órdenes antijurídicas o emanadas de autoridades ilegítimas; y (v) La oposición política y la disidencia mediática frente a regímenes despóticos.

Sin duda, las denuncias y manifestaciones ciudadanas contra los fraudes electorales perpetrados en Ecuador (2017), Honduras (2017), Nicaragua (2011 y 2016), Venezuela (2013 y 2018) y Bolivia (2019), así como contra el “fiasco electoral” en Guatemala (2019), son expresiones elocuentes del ejercicio del derecho de resistencia en defensa del sufragio, que es la base de la legitimidad de origen de la autoridad estatal.

En la Constitución de Guatemala, el derecho de resistencia contra la opresión está consagrado así: “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”.