Domingo 15 DE Diciembre DE 2019
Opinión

Excarcelación de “Lula” da Silva en Brasil

Fecha de publicación: 13-11-19

El jueves pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió que las penas de prisión no pueden comenzar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales, lo que supone un cambio radical de la jurisprudencia que establecía que el inicio del cumplimiento de las penas de cárcel se contaba a partir de una condena en segunda instancia.

Se estima que este nuevo criterio judicial beneficiará a 4 mil 895 reclusos que se encuentran guardando prisión preventiva y en cuyos procesos penales no se han agotado los respectivos medios de impugnación. Entre los beneficiados de esta medida se encuentra el exgobernante Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha sido sindicado por la comisión de graves actos de corrupción en el contexto de la escandalosa operación Lava Jato, relacionada con contrataciones irregulares llevadas a cabo por Petrobras, OAS y Odebrecht.

La votación en el seno del STF fue de 6 votos contra 5 y fue el presidente del mismo, José Antonio Dias Toffoli, quien emitió el sufragio decisivo. Esta decisión ha supuesto una tremenda derrota para la Fiscalía de Justicia en el caso de la operación Lava Jato, que había logrado el encarcelamiento de los sindicados antes de que las sentencias pasaran por autoridad de cosa juzgada, lo que se había convertido en un verdadero símbolo contra la impunidad.
Según el STF, el cambio de jurisprudencia no significa que los casi 5 mil reclusos serán puestos en libertad, porque en los casos de mayor peligrosidad se debería mantener la prisión preventiva, aunque esto queda a criterio de los tribunales ante los cuales se substancian las respectivas causas penales.

Lula da Silva cumplía una condena no firme de 8 años y 10 meses de prisión desde el mes de abril de 2018. Fue condenado en primera y segunda instancia, pero, a la fecha, pende una impugnación ante el STF. En todo caso, cabe advertir que Lula da Silva enfrenta, por lo menos, otras 9 acusaciones penales por actos de corrupción. Esta decisión del STF nos recuerda que, a mediados de septiembre de 2017, el Congreso de Guatemala aprobó una reforma al Código Penal, mediante la cual se otorgaba el beneficio de conmutar (convertir en multa) las penas de prisión de 5 a 10 años de prisión, lo que le habría concedido la libertad a cerca de 5 mil reos.

La modificación expresaba que atendiendo a las circunstancias del respectivo hecho punible se podría otorgar la sustitución de las penas que no excedieran de 10 años, mediante el pago de un mínimo de Q5 y un máximo de Q100 por cada día que debía estar encarcelada. No obstante, el proceso legislativo fue interrumpido por la Corte de Constitucionalidad, extremo que impidió que el Presidente de la República vetara o sancionara el respectivo decreto legislativo.

Lula da Silva fue ovacionado por sus partidarios a su salida de prisión, que fue concedida casi inmediatamente el viernes pasado, lo que ha causado multitudinarias protestas en contra de la decisión del STF, así como apoyos de sus aliados políticos en el ámbito internacional. Por supuesto, Da Silva aprovechó el momento de su liberación para criticar al actual gobierno brasileño presidido por Jair Bolsonaro. Sin duda, resulta interesante observar lo que ocurra con los procesos penales contra Lula da Silva, que siguen tramitándose, cuyo resultado evidenciará si efectivamente fue o no beneficiado políticamente, aunque para el efecto también se excarcelará a miles de sindicados por la comisión de delitos de toda índole, lo que, indudablemente, desmoralizará a las respectivas Fiscalías de Justicia.