Sábado 7 DE Diciembre DE 2019
Opinión

Límites jurídicos al poder constituyente

Una actuación de facto supondría un golpe de Estado.

Fecha de publicación: 04-11-19
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

El constitucionalismo guatemalteco siempre ha admitido la posibilidad de que la Constitución pueda ser reformada total o parcialmente por una representación nacional, sea ésta la Asamblea Constituyente (AC) o, en su caso, el Congreso, pero sin vulnerar los respectivos límites jurídicos.

Esto significa que toda iniciativa de reforma constitucional debe ajustarse a Derecho, es decir debe estar sujeta a los límites previstos en la Constitución y las leyes, con base en que, desde que existe un orden jurídico constituido, todo acto del poder constituyente debe ser jurídico, es decir respetuoso del orden constitucional y legal vigente.

Luego, no podría pensarse ni aceptarse una “actuación de facto” bajo un Estado de Derecho, porque supondría un golpe de Estado; y una “actuación de facto” se daría en el caso que el poder constituyente se arrogara potestades o funciones que no le confiere o reconoce el orden jurídico establecido.

En todo caso, la Carta Democrática Interamericana establece: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Conforme la Constitución, el Poder Constituyente lo ejercen la AC y el Congreso. Corresponde a la AC reformar las normas constitucionales relativas a los derechos individuales, en tanto que es atribución del Congreso, con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes de los diputados, reformar las demás disposiciones constitucionales. Sin embargo, para que las enmiendas aprobadas por el Congreso cobren vigencia, deben ser ratificadas previamente por el pueblo, a través de una consulta popular.

Consecuentemente, no puede pretenderse que la AC reforme preceptos constitucionales cuya reforma no sea de su competencia; y, en todo caso, una convocatoria a la AC con tal propósito sería nula de pleno Derecho y en fraude de la Constitución. De ahí que no puede asumirse que la AC tiene poder ilimitado para reformar toda la Constitución a su antojo, ni que la AC puede adoptar decisiones que contravengan o alteren el orden constitucional establecido. Invocar, admitir o defender lo contrario supondría, ni más ni menos, promover y alentar un golpe de Estado; y esto, inequívocamente, legitimaría el ejercicio del derecho de resistencia contra la opresión, consagrado en la Constitución, en defensa del Estado Constitucional de Derecho y de la democracia institucional, ya que, según nuestra Carta Magna, es deber de los guatemaltecos “cumplir y velar, porque se cumpla la Constitución”. 

Por otro lado, debe tenerse presente que ningún otro órgano del Estado, salvo el poder constituyente, puede enmendar o reescribir la Constitución, ni tampoco puede suspender, dispensar su cumplimiento o restarle efectividad o vigencia a preceptos constitucionales, bajo pena de nulidad de lo actuado y de responsabilidad personal.

Lo anterior sin perjuicio de que la propia Constitución establece que ésta “no pierde su validez y vigencia pese a cualquier interrupción temporal derivada de situaciones de fuerza”, entre las que se incluyen las actuaciones de facto.