Jueves 23 DE Enero DE 2020
Opinión

¿Puede removerse al Procurador de los Derechos Humanos?

Fecha de publicación: 01-11-19

Algunos diputados al Congreso se plantean nuevamente la remoción del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), el abogado Augusto Jordán Rodas Andrade, por considerar que no ha cumplido con su función.

De conformidad con la Constitución y la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso y del Procurador de los Derechos Humanos, el PDH es un comisionado del Congreso para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza.

Son atribuciones del PDH: 1) Promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental, en materia de derechos humanos; 2) Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas; 3) Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona, sobre violaciones a los derechos humanos; 4) Recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado; 5) Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales; 6) Promover acciones o recursos, judiciales o administrativos, en los casos en que sea procedente; y 7) Las otras funciones y atribuciones que le asigne la ley.

Por otro lado, la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso y del Procurador de los Derechos Humanos establece que el Legislativo, con el voto de, por lo menos, las dos terceras partes del total de diputados, hará cesar en sus funciones al PDH y declarará vacante el cargo por cualquiera de las siguientes causas: 1) Incumplimiento manifiesto de las obligaciones que le atribuye la Constitución y la mencionada Ley; 2) Participación material o intelectual comprobada, en actividades de política partidista; 3) Por renuncia; 4) Por muerte o incapacidad sobreviniente; 5) Ausencia inmotivada del territorio nacional por más de 30 días consecutivos; 6) Por incurrir en incompatibilidad conforme lo previsto por esta ley; y 7) Por haber sido condenado en sentencia firme por delito doloso.

Previamente a que los diputados voten sobre la remoción del PDH, debe agotarse un debido proceso, así como garantizársele el derecho de defensa, lo que supone que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas dentro del proceso, que aseguren un resultado justo y equitativo, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas. En otras palabras, el PDH tiene derecho a un juicio justo.

En todo caso, la Constitución también establece que el PDH goza de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados, por lo que no puede ser encausado penalmente sin que previamente se hubiere declarado que ha lugar a formación de causa penal en su contra, a través de un procedimiento de antejuicio.

El Congreso es el órgano encargado de conocer el antejuicio del PDH, después de que la Corte Suprema de Justicia declare, conforme la Ley en Materia de Antejuicio, que la respectiva imputación penal no obedece a motivos espurios, ilegítimos o políticos. Asimismo, la Constitución dicta que el Congreso debe determinar que ha lugar a formación de causa penal contra el PDH con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes del número de diputados.