Jueves 14 DE Noviembre DE 2019
Opinión

La UNE busca facilitar remoción del Fiscal General

Fecha de publicación: 17-10-19

El Artículo 251 de la Constitución dispone: “El Fiscal General durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida”.

Mediante el Decreto 18-2016 del Congreso de fecha 17 de marzo de 2016, cuando el diputado Mario Taracena (UNE) presidía el Legislativo, se reformó el Artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP), el cual quedó así: “El Presidente (…) podrá remover al Fiscal General (…), por causa justificada debidamente establecida. Se entenderá por causa justificada, la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Se producirá la suspensión individual total del ejercicio de sus funciones, una vez decretado el auto de prisión preventiva, medida sustitutiva o falta de mérito con medida sustitutiva. El Fiscal General será restituido inmediatamente en sus funciones cuando el proceso sea sobreseído, desestimado, archivado o se decrete la falta de mérito”. Es decir que la causa justificada para la remoción del Fiscal General se limitó a la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme.

Varios diputados de la UNE han propuesto públicamente que el Presidente de la República pueda remover al Fiscal General, con base en los resultados de evaluación, análisis de impacto de las directrices y políticas de investigación criminal, de una evaluación presupuestaria y de planes operativos.

El diputado Carlos Barreda (UNE) afirmó que también se propone que la evaluación del Fiscal General esté a cargo de un grupo de personas de reconocida trayectoria en el fortalecimiento de sistema de justicia y que el resultado de esa evaluación se entregue en un plazo máximo de un mes y sea analizado. Asimismo, Barreda expresó que se plantea que el Congreso sea el que solicite al Presidente hacer la evaluación y una prohibición para que el Fiscal General, los fiscales distritales y de sección y los funcionarios del MP solo puedan aspirar a ser electos a cargos de elección popular, habiendo transcurrido seis años después de haber cesado en sus funciones.

Esta propuesta resulta extraña porque fueron precisamente los diputados de la UNE los que promovieron la aprobación de la reforma del Artículo 14 de la Ley Orgánica del MP (que se consumó a través del Decreto 18-2016 del Congreso), cuya finalidad era impedir la remoción injustificada del Fiscal General por parte del Presidente.

Pareciera que esta pretensión reformista tiene nombre y apellido, y pudiera deberse a la persecución penal contra miembros de la UNE, por la supuesta comisión de diferentes hechos punibles, entre ellos el delito de Financiamiento Electoral No Registrado, así como a la solicitud del MP al Tribunal Supremo Electoral de proceder a cancelar dicho partido (cancelación que por cierto no ha avanzado), actuaciones que se han llevado a cabo durante la gestión de la actual Fiscal General, doctora Consuelo Porras.

En nuestra opinión, la referida propuesta reformista es inoportuna e impertinente, ya que supone, además de una intentona casuística, una clara venganza política. Por tanto, debe ser rechazada de plano.