Jueves 14 DE Noviembre DE 2019
Opinión

Los desafíos del presupuesto 2020 (I)

Esto clama porque se cumpla a cabalidad lo establecido en el Decreto 29-2016.

Fecha de publicación: 14-10-19
Por: Mario A. García Lara

 

Como cada año, el Congreso está en vías de analizar, para su eventual aprobación, el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 que el gobierno le presentó hace unas semanas. Este proceso es muy relevante, ya que el presupuesto de ingresos y egresos del Estado es una herramienta clave de gobierno, pues constituye un resumen explícito de la política fiscal y refleja en gran medida sus intenciones frente a los problemas económicos del país. Para el nuevo gobierno que toma posesión en enero, contar con un presupuesto debidamente aprobado que guíe su accionar financiero es de crucial importancia y, para ello, es esencial que el Congreso tome en consideración una serie de aspectos que debe sopesar cuidadosamente.

Una de las debilidades, no de este proyecto, sino de casi todos los presupuestos de los últimos años es que, debido a las asignaciones fijas (a las municipalidades, al deporte, a la universidad, etcétera) a las que obligan la Constitución y otras leyes, el presupuesto se ha vuelto extremadamente rígido: existe apenas una flexibilidad para implementar políticas públicas e inversión por parte del ejecutivo de solo un 15.6 por ciento del total del gasto, lo que implica que el 84.4 por ciento de los egresos ya se encuentra irremediablemente comprometido. A eso se debe en gran medida que la prioridad en el gasto público ha sido el rubro de funcionamiento, en detrimento de la inversión, lo que se ha convertido en un problema estructural: hace diez años el 28 por ciento del gasto se destinaba a obra pública; hoy, solo 17 por ciento del mismo se dedica a tal fin. Además de las rigideces derivadas de mandatos constitucionales o legales, también destacan las relacionadas con la planilla de los servidores públicos: para 2020, el porcentaje del presupuesto que se destinaría a salarios sigue aumentando y ascendería a un 39 por ciento del total, sin que se pueda evaluar la calidad de dicho gasto. Esto clama porque se cumpla a cabalidad lo establecido en el Decreto 29-2016, que obliga a todas las entidades del sector público a publicar información de los empleados públicos, y porque se cuente, cuanto antes, con un inventario completo (y actualizado en tiempo real) de todos los trabajadores del Estado.

Tal vez algo de la ineficiencia que dichas rigideces acarrean, podría reducirse si se prestara más atención al destino y fiscalización del gasto de los gobiernos locales (municipalidades y consejos de desarrollo) que, por desgracia, no suele estar alineado con las políticas públicas del Estado. Es necesario también evaluar la práctica de destinar recursos públicos a ONGs para que presten servicios que –estrictamente hablando- le corresponde prestar al gobierno y, de juzgarse necesaria la prestación de tales servicios por entes ajenos al Estado, debe evaluarse la conveniencia de que estos se adquieran en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas debilidades estructurales del presupuesto son imposibles de resolver en un solo ejercicio de presupuestación anual, pero eso no implica que deba evadirse ni postergarse la discusión de esta problemática y sus posibles soluciones. Existen, sin embargo, otras debilidades del presupuesto que sí pueden ser solucionadas por el Congreso durante el proceso de aprobación que ahora lo ocupa. A algunas de estas nos referiremos la próxima semana.