Martes 12 DE Noviembre DE 2019
Opinión

¿Por qué el orden Constitucional?

Fecha de publicación: 12-10-19
Por: Alejandro Maldonado Aguirre

Buena pregunta, en particular cuando se escuchan voces de alerta frente a las señales de los Estados en los cuales el orden jurídico-institucional podría estar en riesgo de quiebra. El Estado constitucional de Derecho está organizado política y jurídicamente para el cumpliminto pacífico de sus fines. Por ello, su Constitución -norma jurídica fundamental- le atribuye deberes y obligaciones, que, de no ser cumplidos , lo desvían a su fracaso (Estados débiles, inseguros o caóticos). El orden constitucional, entonces, es aquel que reconoce y garantiza la efectividad de los derechos humanos individuales y sociales por la mediación de los órganos del poder público instituidos y controlados soberanamente.

De ahí el deber y obligación primaria de la defensa de la Constitución. Así en el Estado de Derecho existe un sistema jerárquico de competencias para materializar ese orden, culminando internamente, como lo dispone el artículo 268, en la Corte de Constitucionalidad. En su función esencial, recoge la acertada observación de Francesco Carnelutti: “¿Para qué sirve el Derecho sino para poner orden en el desorden de la historia?

Ese orden constitucional se define por medio de la correcta interpretación de los enunciados finalistas, armónicos y coherentes de la Constitución, la que, por no ser exhaustiva, debe ser explicada y aplicada con el enlace necesario de toda su normativa hasta alcanzar el punto lógico y unitivo de armonía constitucional. El intérprete de la Constitución no puede partir de la absurda idea de que ella misma sea contradictoria. Para determinarlo, acude a reglas de lo razonable. Así, una función de uno o varios titulares de una porción de poder no puede contravenir las de otros, puesto que, para dilucidarlo, se observará un elemental principio de ponderación que, sin desmedro de una haga viable el ejercicio de otras, cuanto todas sean constitucionalmente legítimas. Así lo han postulado egregios jueces a lo largo del constitucionalismo (Marshall, Holmes, Frankfrter, Warren, García Pelayo, Tomas y Valiente, Cossio, Fix-Zamudio, Zagreblelski, Cea, Colombo, Piza, Gaviria, y cien más).

Pero ¿qué sucede cuando se pretende la interpretación de una partícula aislada del contexto conceptual de una Constitución jurídicamente viable? Ocurriría una deformación fagocitaria que supondría que una norma, jerárquicamente paritaria, se podría tragar a otra u otras. Esto no puede admitirlo una hermenéutica sana y de buena fe. Por eso es que Pérez Luño señala: “A diferencia de las disciplinas científicas que poseen un lenguaje técnico reservado a los iniciados, todo el mundo cree saber un poco de moral y de legislación, y es precisamente ese poco lo que confunde a los hombres, ya que lo poco que saben les impulsa a pronunciarse temerariamente sobre lo que desconocen por completo,” Esto alcanza con mayor ironía a los que ni siquiera han leído lo que comentan.

No pudiendo existir lagunas ni archipiélagos en una Constitución, se requiere examinar todos los asuntos, por simples que parezcan, con el beneficio de la duda, antes que precipitar artículos de fe, seductores por lo fácil pero vergonzosos por su improvisación. Así, frente a todo problema, debe asumirse la conducta que recomendaba Balmes: “No admita ideas sin analizar, ni proposición sin discutir, ni raciocinio sin examinar, ni regla sin comprobar.

En cierta ocasión, un honorable diputado planteó una interpelación contra un ministro de Estado y, siguiendo pautas que una exdiputada había puesto en boga, el cuestionario de preguntas formuladas rebasaba un par de cientos de cuestiones que tenía el alto funcionario que responder, y eso sin tomar en cuenta que el congresista tenía la facultad de ampliarlas a su buen criterio antes de ceder espacio a otros parlamentarios que, como era de ley, se podían sumar a dicho acto parlamentario. El acto era formal y jurídicamente sustentado en normas expresas de la Constitución Política. Sin embargo, resultaba que la diligencia que ya llevaba varios días de ejercicio, resultaba ininterrumpible por disposición del artículo 166 de dicho código fundamental. Sin embargo, ahí mismo aparecía otra norma de la misma jerarquía, la 171, que obligaba al Congreso aprobar, modificar o improbar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado “a más tardar treinta días antes de entrar en vigencia”, y si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso regiría de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior. En la ley orgánica de este alto cuerpo del Estado, se fijan fechas para la integración de importantes órganos del mismo. La cuestión es que, de quererlo basado en la normativa suprema, el interpelante podía paralizar el organismo legislativo. Esto es, en números actuales, un diputado podría congelar la acción legislativa de 159 de sus pares.

Llevado el caso a la Celestial hubo quienes sustentarán, dentro del positivismo, la idea de apegarse estrictamente al tenor del 166 para denegar el amparo provisional que solicitaban los personeros institucionales del órgano congresal. Ahora, frente al conflicto temporal marcado por la paralización de las enormes y sufridas tareas de los postuladores para integrar en tiempo la nómina de los nuevos magistrados de la Suprema (sin contar las consabidas impugnaciones que pueden derivarse por inconformidades de cualquier ciudadano), modestamente, cuando alguien ha preguntado, no queda más recurso que buscar una cuña de un jurista egregio que nos indique el camino: Francesco Carnelutti: “El juez es la figura central del Derecho. Un ordenamiento jurídico se puede pensar sin leyes, pero no sin jueces”.