Martes 15 DE Octubre DE 2019
Opinión

No debe aprobarse otro Presupuesto desfinanciado

Fecha de publicación: 10-10-19
Por: Editorial

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) pretende que el Congreso apruebe un proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2020, por Q 91.9 millardos, que supone un aumento de Q4.185 millardos (4.8 por ciento) con respecto al techo presupuestario de 2019 (Q87.715 millardos). Por cierto, el techo presupuestario de 2019 (Q 87.715 millardos) aumentó en Q10.5 millardos (13.6 por ciento) con respecto al techo presupuestario de 2018 (Q77.211 millardos), lo que fue el aumento más alto desde el régimen populista autoritario de Álvaro Colom (2008-12), durante el cual el gasto público se desbordó, la hacienda pública se dilapidó y la deuda pública se duplicó.

El Minfin está asumiendo ingresos tributarios para 2020 por Q67 millardos, lo que supone un aumento de Q6 millardos (diez por ciento) con respecto a los ingresos tributarios proyectados para 2019 (Q61 millardos), meta que no se alcanzará este año (Q58 millardos estimados). En todo caso, cabe recordar que para el 2019 se presupuestaron Q65.2 millardos, en concepto de ingresos tributarios, lo que supuso un aumento de Q6.6 millardos (11.3 por ciento) con respecto a los ingresos tributarios estimados para 2018 (Q58.6 millardos).

En nuestra opinión, el crecimiento económico de 2020 no será mayor al previsto para este año (2.5 por ciento del PIB), y podría ser menor dada la contracción económica mundial, que, según la OCDE, se ha venido percibiendo en los últimos meses a través de la reducción de las exportaciones (dos por ciento) y de las importaciones (uno por ciento) del G-20. Por el contrario, el Minfin proyecta un crecimiento económico de hasta el cuatro por
ciento del PIB para el 2020.

De esa cuenta, lo más probable es que la recaudación tributaria en 2020 será similar a la de 2019, aunque podría desmejorar dada la desaceleración económica.

Por consiguiente, la nueva cifra presupuestaria (Q91.9 millardos) no asume la realidad económica, por lo que si la misma se aprueba el déficit presupuestario (a financiarse) seguramente será bastante mayor al previsto (2.4 por ciento del PIB), que ya es excesivo.

Eso sí, nuevamente se incorporan al presupuesto de 2020, con aumentos significativos, las erogaciones destinadas a incremento de la burocracia estatal (especialmente en el renglón 029), para financiar los lesivos convenios colectivos de trabajo en el sector público, el financiamiento del abusivo listado geográfico de obras de los diputados constructores, los dispendiosos programas clientelares (llamados ostentosamente “programas sociales” por el régimen despilfarrador de Colom) y las erogaciones superfluas (viajes, viáticos, gastos de representación, combustible, vehículos, guardaespaldas, alimentación, armas y municiones, etcétera), así como las transferencias multimillonarias a los opacos fideicomisos de ejecución de gasto público, fondos sociales y oenegés. Incluso, se está presupuestando un aporte extraordinario para el Organismo Judicial, por Q117 millones, destinado a cumplir una ilegítima obligación financiera contraída por el Estado de Guatemala durante el régimen militarista, despótico y corrupto del general Fernando Romeo Lucas García (1978-82), que no fue honrada por un deudor particular y cuyo pago reclama el Banque Nationale de París (BNP), Sucursal Panamá.

Si el Congreso aprueba el proyecto de presupuesto estatal propuesto para 2020 (Q91.9 millardos), este inexorablemente se traducirá en otro presupuesto estatal desfinanciado, lo que supondrá la contratación de más deuda pública (que ya excede del 25 por ciento del PIB, sin contar la deuda del IGSS y las pérdidas operativas del Banguat) u otra ocurrencia de los militantes tributarios de aumentar imprudentemente los impuestos, para cubrir el gasto público incremental.

En nuestra opinión, en lugar de pensar en más gasto, deberían adoptarse políticas de disciplina fiscal y equilibrio presupuestario de cara al próximo futuro. No se auguran tiempos de “vacas gordas” para el año entrante, sino que más bien se anticipan tiempos de “vacas flacas”, lo que podría traducirse en incertidumbre, desinversión, desempleo, frustración, conflictividad y hambre. Por tanto, en vez de seguir gastando a manos llenas el producto de los impuestos y girando irresponsablemente sobre el crédito público, el nuevo gobierno, además de abrocharse el cincho, debería diseñar e implementar estrategias para alentar, atraer y proteger  inversiones productivas y fuentes de trabajo.