Domingo 20 DE Septiembre DE 2020
Opinión

¿Qué se está cocinando?

El Estado de derecho es un ideal político..

Fecha de publicación: 20-09-19
Por: Luis Figueroa

 

A instancias de la Fundación Mack y de un magistrado de apellido Ventura, la Corte de Constitucionalidad anuló el proceso de postulación de candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia, cuando los procedimientos ya se encontraban en su fase final.

En El ideal político del estado de derecho, F. A. Hayek explica que el Estado de derecho es una doctrina sobre ciertos atributos que deben tener las leyes, con el fin de ser congruentes con el Estado de derecho. Esto es importante, porque a veces el Estado de derecho se confunde con la legalidad de los actos del gobierno. Y aunque el Estado de derecho supone legalidad completa en ese aspecto, eso no basta. Si una ley constitucional diera el gobierno poder ilimitado para actuar, ciertamente no estaría actuando dentro del cuadro del Estado de derecho, aunque sus actos fueran legales. El Estado de derecho es más que la simple legalidad, y que el simple constitucionalismo.

Aquello se aplica a todas las ramas del gobierno, a todos los organismos del Estado, a todas las cortes, incluida la Corte de Constitucionalidad. Porque el Estado de derecho es una doctrina metalegal o un ideal político: y tanto los legisladores como los magistrados deben considerarse sometidos a él. Pero en una república sana, el Estado de derecho solo es respetado si forma parte del sentido de justicia que prevalece en la sociedad.

¿Cómo nos va en ese sentido?

Con una Corte que se autofaculta para pedir expedientes inexistentes de un proceso no reglamentado, para violar plazos constitucionales, para pedir requisitos no incluidos en la Carta Magna, para alterar procedimientos establecidos en la Constitución, para legislar y tomar decisiones ejecutivas, e incluso para prevaricar, ¿cómo crees que nos va?

¿Es posible materializar el ideal político del Estado de derecho cuando “el sentido de justicia” prevaleciente incluye la posibilidad de modificar procedimientos constitucionales porque a ciertos grupos de interés no les gustan los resultados? ¿Es posible cuando la C.C. da órdenes inconstitucionales y se involucra en la “lawfare”? ¿Para que el próximo Congreso elija magistrados?

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