Martes 15 DE Octubre DE 2019
Opinión

Ilimitado aumento del endeudamiento público

Fecha de publicación: 20-09-19
Por: Editorial

Según información del Banguat, la deuda pública interna aumentó del 31 de diciembre de 2018 al 31 de julio de 2019 de Q82.4 millardos a Q87.9 millardos, lo que refleja un incremento de Q5.5 millardos (6.6 por ciento) en siete meses. Por supuesto, esto no incluye el adeudo que el Estado le tiene al IGSS, ni las pérdidas operativas del Banguat que deben ser cubiertas con ingresos fiscales.

Por otro lado, la deuda pública externa aumentó del 31 de diciembre de 2018 al 31 de julio del 2019 de US$8.2 millardos a US$9.2 millardos, lo que implica un incremento de US$990.4 millardos (12.1 por ciento) en siete meses.

Este ritmo de aumento del endeudamiento público resulta preocupante, porque evidencia que el déficit fiscal, es decir la brecha entre los ingresos y los egresos fiscales, es cada día mayor, debido a que los gastos presupuestados exceden cada vez más a los ingresos fiscales (tributarios y no tributarios).

Ojalá que se contratara deuda pública para financiar proyectos de inversión pública importantes; sin embargo, para ninguno es un secreto que con el dinero prestado se financian los gastos corrientes o de funcionamiento del Estado, que deberían ser pagados con los ingresos fiscales.

Para el año entrante, el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) ha presupuestado un gasto público de más de Q90 millardos, con ingresos tributarios que no llegan a los Q60 millardos. Esto supone, desde ya, que el Estado deberá endeudarse en, por lo menos, Q30 millardos más, para financiar el gasto público. Sin duda, a este ritmo de endeudamiento público, en el corto plazo enfrentaremos un grave problema de falta de capacidad de pago de las amortizaciones e intereses de la deuda pública.

Afortunadamente, en la Constitución se prohíbe al Banguat prestar dinero al gobierno. Si no existiera esta prohibición expresa en nuestra Carta Magna, la emisión inorgánica (dinero sin respaldo) nos tendría bajo condiciones inflacionarias y devaluatorias incontrolables, al estilo de Venezuela. El solo pensar qué hubiera pasado sin dicha prohibición constitucional durante los regímenes populistas cleptómanos de Alfonso Portillo (2000-4) y de Álvaro Colom (2008-12), nos pone la carne de gallina.

Recordamos, por ejemplo, que durante el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-91), cuando no existía la referida prohibición constitucional, la moneda nacional se devaluó con respecto al dólar estadounidense en más del cien por ciento y la inflación (aumento generalizado de precios) llegó al 60 por ciento. Desde 1994, año en que se incorporó la mencionada prohibición a la Constitución, se ha mantenido la estabilidad macroeconómica, aunque, obviamente, hace falta incorporación en la Constitución del principio de disciplina fiscal y equilibrio presupuestario, con lo que se impediría que el Minfin presupueste partidas de gasto público que excedan los ingresos fiscales, generador del déficit fiscal anual y de un aumento paulatino del endeudamiento público.