Viernes 18 DE Octubre DE 2019
Opinión

Un beneficio sobrevenido

Existen ahora condiciones para aspirar a que los nuevos magistrados tendrán no solo la honorabilidad, experiencia y conocimiento requeridos.

Fecha de publicación: 18-09-19
Por: Lizardo A. Sosa L.

Desde cero deberá reiniciarse el proceso de postulación de nóminas de magistrados para integrar las cortes Suprema y de Apelaciones por el Congreso de la República, de lo que se deriva un beneficio sobrevenido, pues la elección podría no ser llevada a cabo por esta legislatura, sino por la que asumirá sus funciones en enero de 2020. Así, los tráficos de influencia y condicionamientos derivados del poder de elección que suelen ejercerse desde el Congreso actual se diluyen y, en esas circunstancias, los diputados podrían en 2020 realizar una elección limpia, a partir de nóminas muy diferentes de las que habrían emanado del actual proceso de postulación.

Existen ahora condiciones para aspirar a que los nuevos magistrados tendrán no solo la honorabilidad, experiencia y conocimiento requeridos, sino también la entereza y carácter para ejercer sus funciones con independencia, honrando la confianza que por vía indirecta les será otorgada por el pueblo.

Es indudable la importancia de esta designación, pues la justicia se representa con los ojos cubiertos, para aplicar la ley sin consideraciones de raza, posición social, económica o política, aplicando la ley por parejo, sin distingos, en los casos puestos bajo su jurisdicción, independiente de la política y de otros poderes organizados.

Lamentablemente no siempre ha sido así, pues más frecuente que lo imaginado, las cortes, no solo las de Apelaciones, o la Suprema, sino la misma Corte de Constitucionalidad y otras instituciones del sector, suelen acomodar sus actuaciones, a motu proprio o condicionados por presiones partidistas o de grupos de interés, derivando en actuaciones injustas, lo que también ocurre en los tribunales al inclinarse en favor del más fuerte, asegurando así, por ejemplo, la impunidad en el incumplimiento de contratos que siempre dejan en desventaja a clientes engañados por promesas y condiciones incumplidas de las empresas oferentes, causando no poca merma económica, sudor y lágrimas de impotencia de simples ciudadanos o pequeñas empresas que cargan con las consecuencias de tales actuaciones.

Algunos casos que evidencian esos condicionamientos, sea por libre decisión de las cortes según las circunstancias, o bien obligados por presiones tan concretas como indeseables: uno reciente, es el antejuicio en contra de Sandra Torres, rechazado por la Corte Suprema de Justicia, quizás con el fin de no afectar el proceso electoral, pero difícil de entender, al conocerse la imputación de cargos formulada por el MP; otro, el enorme retraso de la publicación de la resolución de la C. C. en 2003, relativa al recurso de inconstitucionalidad dado con lugar, interpuesto en contra de una disposición legal del Congreso de la República que invadía competencias constitucionales de la Junta Monetaria respecto del manejo de las tasas de interés en el sistema financiero, publicada meses después, al perder el entonces Presidente del Congreso Efraín Ríos Montt la primera vuelta de la elección presidencial de 2003; ¿y qué habría ocurrido si hubiese pasado y ganado la segunda vuelta electoral?; y, así, múltiples retrasos en procesos o en la divulgación de sentencias como si se tratara de acomodar inexplicablemente lo resuelto, a las circunstancias, al tiempo o a las presiones. Ahora, tendríamos ese beneficio sobrevenido de la anulación del proceso. Ojalá.