Viernes 18 DE Octubre DE 2019
Opinión

Editorial

Fecha de publicación: 16-09-19

La Constitución establece que corresponde al Presidente de la República “someter a la consideración del Congreso para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos”, así como “dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y  denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución”.

Por otro lado, la Constitución dispone que el Congreso (por mayoría absoluta) debe aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando: 1. Afecten a leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la misma mayoría de votos. 2. Afecten el dominio de la Nación, establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito centroamericano. 3. Obliguen financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. 4. Constituyen compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales. 5. Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional; y 6. Nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración  pública, que planteen problemas de interés nacional”.

Asimismo, nuestra Carta Magna establece que corresponde al Congreso “aprobar antes de su ratificación, con el voto de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional, cuando: a. Se refieran al paso de ejércitos extranjeros por el territorio nacional o al establecimiento temporal de bases militares extranjeras; y b. Afecten o puedan afectar la seguridad del Estado o pongan fin a un estado de guerra”.

Esto supone que no se requiere que el Congreso apruebe aquellos tratados o convenios internacionales que no se refieran a los asuntos anteriormente indicados, por lo que en estos casos la adhesión está en manos exclusivamente del Organismo Ejecutivo.

La Corte de Constitucionalidad, en un reciente fallo (mediante el cual se revocó el amparo provisional decretado contra el Presidente ante la eventualidad de firmar un Convenio de Tercer País Seguro dentro del proceso de amparo promovido por excancilleres y exdiplomáticos), inexplicablemente no fue clara y categórica sobre si el “acuerdo de cooperación respecto al examen de solicitudes de protección”, suscrito entre los gobiernos de Guatemala y los EE. UU., debe ser aprobado o no por el Congreso, ya que si bien se cita el Artículo 171, literal l), de la Constitución (que obliga a la aprobación por el Congreso), no se indica expresamente el caso aplicable.

En todo caso, sostenemos que el asunto puede ser motivo de una solicitud de ”opinión consultiva” de la CC, que podría formularla cualquiera de los organismos estatales, pero jamás de una acción de amparo.