Domingo 5 DE Abril DE 2020
Opinión

Expiración del acuerdo de la CICIG

Fecha de publicación: 04-09-19
Por: Editorial

Hoy, 12 años después de que cobró vigencia el acuerdo entre el Secretario General de la ONU y el Gobierno de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), expiró su plazo que fue ampliado en tres ocasiones.

De conformidad con el acuerdo de la CICIG, su objetivo primordial fue apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala, encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que operan en el país, así como cualquier otra conducta delictiva conexa con estos, y la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos.

La CICIG también estuvo facultada para recabar, evaluar y sistematizar información suministrada por cualquier persona, entidad oficial o privada, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y autoridades de otros Estados, así como para promover la persecución penal por medio de denuncia ante las autoridades y para constituirse en querellante adhesivo en los respectivos procesos penales.

Sin duda, el legado más importante que deja la CICIG en Guatemala, aparte de la transferencia de capacidades técnicas al Ministerio Público (MP), es que en nuestro país, por primera vez, todos los guatemaltecos, sin importar su poder político, económico, militar o criminal, comenzaron a temer a la ley, a temer a su aplicación, gracias, en gran medida, al impacto que causó la CICIG en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Resulta inobjetable que el MP y la CICIG dieron golpes demoledores a varias estructuras criminales que jamás habrían sido investigadas, evidenciadas y enjuiciadas.

Es cierto, la CICIG fue el primer experimento, sin precedentes a escala global, que ha realizado Naciones Unidas, a pedido del país anfitrión, de instalar una entidad de refuerzo de las instancias de justicia, en un país específico, en este caso Guatemala, caracterizado por ser un paraíso de la corrupción y la impunidad. La CICIG, además de luces extraordinarias, tuvo sombras como ocurre con todo emprendimiento e iniciativa; y, consecuentemente, hoy día la CICIG tiene defensores y detractores. Sin embargo, debe reconocerse que casi el 70 por ciento de la población apoya a la CICIG y avala su trabajo y sus resultados concretos.

Lástima que la negociación entre el Gobierno y el Secretario General de la ONU sobre la interpretación y aplicación del acuerdo de la CICIG no pudo tener lugar oportunamente, pues por medio del diálogo franco, acuerdos y compromisos, se hubieran podido esclarecer (explicar, aclarar o resolver) las supuestas ilegalidades, abusos y excesos presuntamente incurridos por la CICIG, que denunció el Gobierno ante la ONU, fundamentalmente al sentirse perseguido el presidente Morales, su hermano y su hijo. Sin duda, hubiera sido un ejercicio en aras de la transparencia y la continuidad de la entidad. Asimismo, cabe destacar que el intento de reformar la Constitución excedió y desgastó innecesariamente el mandato de la CICIG y que el proyecto de enmienda constitucional propuesto para fortalecer el sistema de justicia era polémico y controversial.

Por otro lado, hubiera sido clave, que el acuerdo de la CICIG hubiera incorporado mecanismos de rendición de cuentas; que hubiera estado claramente establecido a quién debía reportar la CICIG, y que, en un país como Guatemala, en el que existe un abismo y un divorcio entre costumbres y leyes, CICIG, al instalarse, hubiera sido acompañada de protocolos y leyes transicionales para los guatemaltecos, que habiendo cometido errores, puedieran honrarse y emprender de nuevo sus vidas, carreras y empresas en el marco de la ley.

En fin, ha concluido el capítulo de la CICIG y ahora le toca de nuevo al MP caminar por sí solo, por supuesto fortalecido, aunque aún limitado en capacidades y cobertura. Empero, el saldo es positivo en materia de fortalecimiento de las instituciones del sector justicia, ya que no puede negarse que hemos avanzado, aunque todavía nos hace falta mucho trecho por recorrer, especialmente en la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada transnacional y la impunidad, que en conjunto siguen representando un desafío monumental.