Sábado 21 DE Septiembre DE 2019
Opinión

Un contrato por la justicia

El dilema que la CICIG nos dejó.

Fecha de publicación: 26-08-19
Por: Édgar Gutiérrez

 

En relación a la CICIG, es bueno ir dejando el hígado a un lado y abrir el debate constructivo. No es fácil. Ahora mismo hay gente juzgada y sentenciada, privada de libertad. Otros en la misma condición, esperando desde hace tiempo ser oída y vencida en juicio. Del otro lado de la calle, mucha gente apoya a la CICIG porque al fin la justicia alcanzó cima de la pirámide social.

¿Por qué abrir el debate viendo el futuro? Porque debemos reformar normas penales. Antes de que la CICIG existiese, el MP realizaba allanamientos y capturas sin citación previa, porque muchas veces esta fue una suerte de aviso para la escapatoria del sindicado.

Dos casos recientes podrían desmentir esa regla. Sandra Torres ganó derecho de antejuicio 24 horas antes de que los fiscales la sindicaran. Ahora que perdió la inmunidad decidió enviar su pasaporte a las autoridades judiciales, como gesto de disposición de someterse a la ley. El otro es el del ex vicepresidente Gustavo Espina, vinculado al caso “Red de poder, corrupción y lavado de dinero”. Él sí fue citado a los tribunales y se encuentra fuera del país. Si decide presentarse, también contribuirá a que los jueces ganen confianza para emplear un recurso menos invasivo y más civilizado.

La prisión preventiva prolongada viola los derechos humanos. Hay al menos tres causas que la explican: a) La saturación de casos en los tribunales, b) Porque al privado de libertad se le considera parásito social (muchos se complacen con su ejecución extra-legal) o tiene un enemigo con influencias para posponer su expediente ad eternum y c) El sindicado forma parte de una estructura criminal compleja, en la cual a alguno de sus integrantes le conviene retardar el proceso, por ejemplo, esperando a que la CICIG levante vuelo.

Hasta el aterrizaje de la CICIG, aquel que protestase por el retardo de los juicios, de inmediato era señalado como “defensor de delincuentes”. Es difícil que aprendamos esta lección en una sociedad erizada por el crimen y víctima de la corrupción en el sistema de justicia. Pero por la condición social del sindicado la ley no puede discriminar, aunque en esta etapa, ciertamente, se improvisó en Mariscal Zavala un centro VIP de detención.

Por otro lado, debemos garantizar un sistema de justicia independiente, o sea, confiable. Eso requiere reformas legales e institucionales y, sobre todo, decisión política y personal calificado. Justamente ahora tenemos la oportunidad de empezar a hacerlo, con el proceso de postulación y elección de magistrados de Salas y de la CSJ. Pero la desaprovecharemos porque hay demasiados diputados y otros poderosos urgidos de impunidad. Se reclamó a la CICIG transferir capacidades: un centenar de guatemaltecos están más que capacitados para reforzar al MP, pero la fiscal general les pone trabas, sabiendo, además, que su integridad corre riesgos.

La estadía de la CICIG abrió el dilema. Volvemos al hábito de la corrupción o nos arriesgamos a edificar un verdadero Estado de Derecho. Los costos y beneficios están a la vista. La primera opción ofrece tranquilidad a los poderosos y a quienes ascienden la pirámide social saltándose la ley. Es la fórmula del Estado fallido. Hasta 2015, con el PP de Otto Pérez, hacía ahí nos encaminábamos. La segunda es arriesgarnos al sometimiento a la ley, que nos encaminaría a lo que siempre decimos aspirar: desarrollo, seguridad y libertad. Seré optimista cuando se vuelvan a levantar las elites conscientes, que en este torbellino se la jugaron y fueron asfixiadas. Es su responsabilidad histórica.