Jueves 12 DE Diciembre DE 2019
Opinión

Denuncia criminal por prevaricato contra tres magistrados

Fecha de publicación: 29-07-19
Por: Editorial

El Ministerio Público (MP), por medio de la Unidad de Delitos Contra Periodistas de la Fiscalía de Derechos Humanos, presentó una denuncia criminal por la supuesta comisión del delito de prevaricato contra los magistrados de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio, abogados Rafael Morales, Franc Martínez y Fredy López, en la cual se solicita que la Corte Suprema de Justicia los despoje de su inmunidad a través del procedimiento de antejuicio, para que sean investigados y procesados penalmente.

Conforme la Constitución, los magistrados de la Corte de Apelaciones (CA) gozan del derecho de antejuicio, que, según la Ley en Materia de Antejuicio, es la garantía que la Constitución otorga “a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley”.

Los magistrados sindicados, mediante una resolución ilegal y arbitraria, ordenaron a Neldy Rodríguez Andrade, jueza de Femicidio, que decretara medidas restrictivas en favor de Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por un mes (durante la campaña electoral), periodo en el cual seis editores de elPeriódico (entre los que se incluía una mujer) no podrían perturbar, cuestionar, criticar, señalar, imputar ni mencionar a Torres ni a ningún integrante de su familia, por vía impresa o digital; sin duda, esto constituía una flagrante violación a la libertad de expresión y de prensa, lo que fue repudiado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la prensa nacional. Por cierto, en la resolución de la referida jueza “se designa como responsable de la ejecución de las presentes medidas de seguridad al Director General de la Policía Nacional Civil”.

Los magistrados Morales, Martínez y López reactivaron el caso que la jueza Rodríguez Andrade había cerrado por considerar que los hechos denunciados por Torres no lesionaban la condición y dignidad de las mujeres; y, por ende, no constituían delito de violencia contra la mujer. En definitiva, dicha juzgadora había ordenado el archivo del proceso.

La denuncia de Torres contra los seis editores de elPeriódico, se asimila a las denuncias penales que, en su día, presentaron contra periodistas de elPeriódico la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y la actual canciller Sandra Jovel, por el delito de femicidio (sancionado con prisión de 25 a 50 años de prisión) y por el delito de violencia contra la mujer (castigado con prisión de 5 a 8 años de prisión), con la clara intención de que las críticas, denuncias o imputaciones contra funcionarios y empleados públicos en el libre ejercicio de la emisión del pensamiento fueran tipificadas como delitos de femicidio y de violencia contra la mujer, y criminalizar y hacer nugatoria la libertad de expresión de ideas en Guatemala.

En consecuencia, saludamos la posición firme y decidida del MP en este paradigmático caso y solicitamos al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, que, conforme la Constitución, inmediatamente inicie el respectivo procedimiento de censura pública contra los magistrados Morales, Martínez y López, quienes no deberían ser reelectos como tales.