Domingo 5 DE Abril DE 2020
Opinión

Antejuicio contra magistrados de la CC

Fecha de publicación: 26-07-19
Por: Editorial

Según informaciones de prensa, el Congreso presentó una querella o denuncia penal contra los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC), Gloria Patricia Porras Escobar, Bonerge Amilcar Mejía Orellana y José Francisco De Mata Vela, por la supuesta comisión de los delitos de violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato, abuso de autoridad y usurpación de funciones, por haber ordenado la suspensión del proceso legislativo (iniciativa, discusión, aprobación, sanción y promulgación) de un proyecto de reforma de la Ley de Reconciliación Nacional.

Conforme la Constitución, los magistrados de la CC gozan del derecho de antejuicio, que, según la Ley en Materia de Antejuicio, es la garantía que la Constitución otorga “a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley”.

De acuerdo con nuestra Carta Magna, corresponde al Congreso determinar si ha lugar o no a formación de causa penal contra los magistrados de la CC, con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes del número de congresistas. Sin embargo, previamente a que el Congreso determine si se levanta o no la inmunidad de los magistrados de la CC, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá calificar si los hechos imputados son o no ilegítimos, espurios o políticos. Si la CSJ determina que los hechos punibles imputados no son espurios, ilegítimos o políticos, deberá cursar el expediente al Congreso, en donde deberá integrarse una Comisión Pesquisidora con cinco diputados, que deberá analizar la querella presentada y rendir su dictamen al pleno del Congreso.

Si el Congreso declara que ha lugar a formación de causa penal contra los referidos magistrados de la CC, entonces procedería su encausamiento penal ante un tribunal penal competente. Si, por el contrario, el Congreso no levanta la inmunidad a dichos magistrados, el expediente deberá archivarse, sin perjuicio, por supuesto, de que los juzgadores, al concluir su período de funciones, puedan ser procesados penalmente por los mismos hechos punibles denunciados.

En el caso de que el Congreso declare que ha lugar a formación de causa penal contra los magistrados de la CC, si estos, en el respectivo tribunal penal, quedaren ligados a proceso penal y fueren enviados a prisión preventiva, automáticamente quedarían suspensos en sus funciones y los respectivos magistrados suplentes de la CC tendrían que asumir como magistrados en funciones hasta que los magistrados encausados fueren condenados o absueltos en sentencia firme. Si resultaren absueltos o, en su caso, quedaren libres por falta de mérito, dichos magistrados reasumirían sus cargos. Por el contrario, si fueren condenados quedarían separados definitivamente de dichos cargos.

Si los magistrados de la CC sindicados, por virtud de sentencia condenatoria firme en su contra, fueren separados de los cargos o si renunciaren antes, entonces los respectivos magistrados suplentes de la CC deberán asumir como magistrados en funciones por tiempo indefinido, incluso hasta el vencimiento durante del respectivo período de funciones (que termina el 13 de abril del año 2021); y, consecuentemente, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), el Congreso y el Consejo Superior Universitario (Usac) deberán elegir a los magistrados propietarios de la CC que deberán ocupar sus cargos hasta el vencimiento del actual período de funciones de la CC (del 13 de abril de 2016 al 13 de abril de 2021).

En todo caso, cabe recordar que el año pasado se inició un procedimiento de antejuicio contra los referidos magistrados, el cual quedó interrumpido por virtud de un autoamparo de la CC a favor de los indicados magistrados.