Sábado 24 DE Agosto DE 2019
Opinión

Control migratorio

Fecha de publicación: 23-07-19
Por: Editorial

La migración masiva, incontrolada y desbordada hacia el territorio de los EE. UU. ha derivado en el endurecimiento de las políticas de inmigración y deportación de migrantes indocumentados por parte del gobierno estadounidense. La incorporación del gobierno mexicano al control migratorio ha comenzado a rendir frutos, al punto que se ha reducido el flujo migratorio a través del territorio mexicano en más del 36 por ciento en el último mes y medio, lo que ha sido celebrado por el gobierno estadounidense, que ha visto como México se ha convertido en un auténtico muro contra la migración proveniente de los países centroamericanos en poco tiempo.

El gobierno estadounidense, así como ocurrió con México, ha venido insistiendo en una negociación con el gobierno guatemalteco, sobre el tema migratorio, buscando que Guatemala se convierta en un “Tercer País Seguro”, es decir en un territorio a donde se puedan trasladar a migrantes que se encuentran solicitando asilo y permanencia en los EE. UU., durante el respectivo proceso de tramitación legal de la indicada solicitud, que, teóricamente, sería por espacio de un tiempo corto, aunque algunos apuntan que dicha estancia temporal podría prolongarse por tiempo indefinido.

Esta estancia temporal supone para el “Tercer País Seguro” costos de infraestructura, albergue, manutención, atención médica, guarderías, garantía de acceso a fuentes de trabajo, transporte, seguridad, etcétera, aunque, aparentemente, los mismos serían cubiertos por el gobierno estadounidense.

En principio, los migrantes que se enviarían a territorio guatemalteco serían hondureños, nicaragüenses y salvadoreños, aunque no se descarta que también podrían ser trasladados a Guatemala migrantes de otras nacionalidades, latitudes o continentes (cubanos, haitianos, sudamericanos, rusos, ucranianos, africanos, asiáticos y demás).

Según informaciones de prensa, también se ha puesto sobre la mesa de negociación con el gobierno estadounidense lo relativo a que nuestro país endurezca su política migratoria especialmente en lo concerniente al flujo migratorio proveniente de los demás países centroamericanos.

En cuanto a esto último, cabe advertir que la Constitución de Guatemala establece que “También se consideran guatemaltecos de origen, a los nacionales por nacimiento, de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente, su deseo de ser guatemaltecos. En ese caso podrán conservar su nacionalidad de origen, sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos”.

Asimismo, debe tenerse presente la vigencia del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4), que es un acuerdo firmado, en junio de 2006, por cuatro de los países centroamericanos, específicamente Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Este acuerdo establece la libre movilidad entre los ciudadanos de los países firmantes sin restricciones adicionales más que la presentación de sus documentos de identidad personal nacional, aunque a los menores de edad se les exige pasaporte para evitar el tráfico ilegal de niños.

En todo caso, no podemos negar que el flujo migratorio es un problema no solo para los EE. UU., sino que también para nuestros países, especialmente en todo lo que se refiere a la presencia del crimen organizado, por lo que resulta absurdo bloquear jurídicamente o pretender sustraernos de una negociación seria, responsable y razonable, que suponga concesiones recíprocas, así como asumir que una actitud intransigente de nuestra parte no supondrá costos, desventajas o sanciones para Guatemala.