Sábado 17 DE Agosto DE 2019
Opinión

Adjudicación de diputaciones

Fecha de publicación: 18-07-19
Por: Editorial

El pasado jueves 11 de julio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), integrado por los magistrados Rudy Marlon Pineda Ramírez, Julio René Solórzano Barrios, Jorge Mario Valenzuela Díaz, María Eugenia Mijangos Martínez y Mario Ismael Aguilar Elizardi, oficializaron los resultados de las elecciones legislativas celebradas el domingo 16 de junio y adjudicaron las 160 diputaciones en liza a los supuestos candidatos electos, en medio del proceso de cotejo de los datos incorporados en las actas suscritas por las Juntas Receptoras de Votos y los datos digitados en el sistema informático del TSE, que el TSE había prometido antes de oficializar resultados.

El pasado lunes 1 de julio, el TSE también oficializó los resultados de los comicios de Presidente y Vicepresidente celebrados el mismo 16 de junio, y determinó las dos planillas de candidatos que debían competir para la segunda elección (las dos que hubieren alcanzado el mayor número de votos en la primera elección), previamente convocada para el domingo 11 de agosto, sin que se hubiera realizado el correspondiente cotejo de datos, bajo la justificación de que debía celebrarse la segunda elección el 11 de agosto, lo que no es cierto porque, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), la segunda vuelta debe ser convocada hasta que se oficialicen los resultados y se determine quiénes contendrán en la segunda vuelta. Por cierto, la normativa del Reglamento de la LEPP, emitida por el TSE, contraviene flagrantemente la LEPP respecto de esta temática.

Dado que las principales encuestas que se realizaron antes de la primera elección otorgaban las dos primeras mayorías relativas a las planillas de candidatos a Presidente y Vicepresidente, a los binomios postulados por los partidos UNE y VAMOS, la ciudadanía, con reservas, aceptó la apertura del proceso de segunda vuelta, aunque los resultados de los comicios fueron bastante diferentes de la intención de voto registrada y, además, el sistema de información electoral no ha sido sustituido, lo que ha motivado impugnaciones.

Sin embargo, en lo que toca a las diputaciones otro gallo canta, porque en los comicios legislativos y edilicios ocurrió la mayor cantidad de irregularidades, anomalías e inconsistencias. El TSE oficializó los resultados de la elección legislativa sin que: 1) Se hubieren publicado con cuántos votos fueron adjudicadas las diputaciones, dando por cierta, entonces, la información digitalizada en el sistema informático, ya que el cotejo de datos no ha concluido; 2) Sin publicar las imágenes de un tres por ciento de las actas; y 3) Sin que se hubiere contratado ni implementado la auditoría externa prometida por el TSE, en la que debe aclararse la supuesta manipulación de copias de actas que sirvieron de base para contabilizar los votos en el sistema de “resultados preliminares”.

Definitivamente, la actual autoridad electoral no es confiable y la ciudadanía tiene muchas dudas sobre lo que ocurrirá en la segunda vuelta, lo que estimula el abstencionismo o ausentismo de las urnas, bajo la asunción de que no hay condiciones suficientes de transparencia y certeza, que algunos advierten, con razón, que podría beneficiar o perjudicar a las planillas de candidatos a Presidente y Vicepresidente en liza.

Mal por los actuales magistrados del TSE. De ahí la importancia de que el Ministerio Público actúe y deduzca las responsabilidades legales correspondientes. Por de pronto que los magistrados devuelvan lo gastado en los lujos que se recetaron con motivo de la celebración de las elecciones generales que tuvo lugar el pasado domingo 16 de junio. ¡Aló Contraloría General de Cuentas!