Sábado 8 DE Agosto DE 2020
Opinión

Huida hacia adelante

Fecha de publicación: 15-07-19
Por: Editorial

El pasado jueves, la actual magistratura del Tribunal Supremo Electoral (TSE), evidentemente reaccionando ante la investigación penal que lleva a cabo el Ministerio Público (MP), las nuevas denuncias penales que se han presentado en su contra y las insistentes críticas en contra de su gestión, decidió convalidar y oficializar los resultados de las elecciones legislativas y adjudicar las respectivas diputaciones, sin esperar el cotejo entre los datos de las actas suscritas por las Juntas Receptoras de Votos y los datos grabados en el sistema informático, ni tampoco la evaluación objetiva del sistema informático por una empresa auditora independiente, a lo que se obligó después de reconocer la existencia de graves inconsistencias en la transmisión de resultados de las elecciones generales celebradas el pasado domingo 16 de junio.

Por otro lado, el proceso de revisión de acta por acta simplemente fue abortado por el TSE, sin explicación alguna, por lo que la ciudadanía y la opinión pública quedaron burladas. Asimismo, el lunes 1 de julio, el TSE oficializó los resultados de la elección presidencial aduciendo que debía cumplirse el plazo de la convocatoria para la segunda vuelta, el cual, por cierto, ya era imposible que se pudiera cumplir; sin embargo, el TSE también oficializó los resultados de las elecciones legislativas, sin que mediara plazo alguno, previa destitución del director de informática, a quien imputó las anomalías no subsanadas.

Causalmente, también el jueves pasado, el CACIF pidió al TSE que no se repitiera lo sucedido el 16 de junio en la segunda vuelta, programada para el próximo domingo 11 de agosto. Además, el CACIF afirmó que “hubo graves deficiencias en el sistema informático de la plataforma de resultados electorales del TSE, lo cual generó una crisis de confianza hacia el tribunal”.

Por tanto, el CACIF recomendó la contratación de una empresa reconocida, local o internacionalmente, para auditar el sistema informático, a fin de determinar las causas y soluciones del problema, que, según el CACIF, también se presentó con motivo de la consulta popular sobre el diferendo territorial entre Guatemala y Belice, celebrada el 15 de abril de 2018, que también levantó críticas por manipulación contra el TSE, y que, para el CACIF, amerita “efectuar una auditoría completa y exhaustiva sobre el funcionamiento del sistema de transmisión de datos en la consulta popular”, extremo que, en nuestra opinión, también debería ser objeto de investigación por el MP.

En todo caso, cabe advertir que dichas inconsistencias informáticas se han venido a sumar a las críticas contra el TSE por la falta de fiscalización y castigo del clientelismo político, del acarreo de votantes y del financiamiento electoral ilegal. También han sido muy cuestionadas las decisiones del TSE relacionadas con la justicia selectiva en la cancelación de partidos, la inscripción y rechazo de candidatos, la distribución de propaganda en los medios, el control de los debates, foros y entrevistas durante la campaña electoral, la retención de los teléfonos celulares de los fiscales de los partidos en las mesas electorales durante el escrutinio, así como la amenaza de encarcelar a quienes se opongan a los magistrados del TSE debido a sus actuaciones en el ejercicio de sus cargos. Sin duda, estos extremos también deberían ser investigados por el MP.

Pareciera, entonces, que la actual magistratura del TSE ha adoptado la estrategia de “huir hacia adelante”, que supone que alguien que se halla en una situación difícil, insiste en avanzar, ignorando las señales que invitan a detenerse, replantear o retirarse, aplazando un inevitable desenlace con la falsa esperanza de que, de alguna manera, el problema se solucionará sin costo alguno.

En nuestra opinión, a estas alturas, el problema ya no se solucionará con estrategias políticas del TSE; y, asimismo, creemos que la defensa y preservación de la institucionalidad democrática están en manos del MP y no del TSE. De ahí que solicitamos al MP que, en el marco del respectivo mandato constitucional, vele por el cumplimiento de la ley, cueste lo que cueste y le pese a quien le pese.