Domingo 17 DE Noviembre DE 2019
Opinión

Antejuicio contra magistrados del TSE

Fecha de publicación: 11-07-19
Por: Editorial

Según informaciones de prensa, a principios de esta semana, se presentó una querella penal contra los magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rudy Pineda, Jorge Mario Valenzuela, Julio Solórzano, Mario Aguilar y María Eugenia Mijangos, por la supuesta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Falsedad Ideológica, Falsedad Material, Abuso de Autoridad con Propósito Electoral, Coacción contra Electores, Coacción del Elector, Fraude del Votante, Resoluciones Violatorias a la Constitución, Encubrimiento Propio y Violación del Secreto del Voto, con motivo del actual proceso electoral. Sin duda, un hecho perturbador sin precedente desde la apertura política de 1985.

Conforme la Constitución, los magistrados del TSE gozan del derecho de antejuicio, que, según la Ley en Materia de Antejuicio, es la garantía que la Constitución otorga “a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley”.

De acuerdo con nuestra Carta Magna, corresponde al Congreso determinar si ha lugar o no a formación de causa penal contra los magistrados del TSE, con el voto favorable de, por lo menos, las dos terceras partes del número de congresistas. Sin embargo, previamente a que el Congreso determine si se levanta o no la inmunidad de los magistrados del TSE, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá calificar si los hechos imputados son o no ilegítimos, espurios o políticos. Si la CSJ determina que los hechos punibles imputados no son espurios, ilegítimos o políticos, cursará el expediente al Congreso, en donde deberá integrarse una comisión pesquisidora con cinco diputados, que deberá analizar la querella presentada y rendir su dictamen al pleno del Congreso.

Si el Congreso declara que ha lugar a formación de causa penal contra los magistrados propietarios del TSE, entonces procedería su encausamiento penal ante un tribunal competente. Si, por el contrario, el Congreso no levanta la inmunidad a dichos magistrados, el expediente deberá archivarse, sin perjuicio, por supuesto, de que los mismos, al concluir su período de funciones, puedan ser procesados penalmente por los mismos hechos punibles denunciados.

En el caso de que el Congreso declare que ha lugar a formación de causa penal contra los magistrados del TSE, si estos, en el respectivo tribunal penal, quedaren ligados a proceso penal y fueren enviados a prisión preventiva, automáticamente quedarían suspensos en sus funciones y los magistrados suplentes del TSE tendrían que asumir como magistrados en funciones hasta que los magistrados propietarios fueren condenados o absueltos en sentencia firme. Si resultaren absueltos o, en su caso, quedaren libres por falta de mérito, dichos magistrados reasumirían sus cargos. Por el contrario, si fueren condenados quedarían separados definitivamente de dichos cargos.

Si los magistrados propietarios del TSE, por virtud de sentencia condenatoria firme en su contra, fueren separados de los cargos o si renunciaren antes, entonces los magistrados suplentes del TSE deberán asumir como magistrados propietarios durante el resto del respectivo período de funciones (que vence el 20 de marzo de 2020), y el Congreso deberá elegir a nuevos magistrados suplentes de la nómina de candidatos elaborada por la respectiva Comisión de Postulación.