Sábado 24 DE Agosto DE 2019
Opinión

¿Nulidad por fraude electoral?

Fecha de publicación: 27-06-19
Por: Editorial

El martes pasado, el presidenciable del Partido Humanista, Edmond Mulet, solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se repitieran las elecciones generales debido a que, a su juicio, el proceso electoral estuvo “plagado de anomalías”, en un video colgado en Internet. “Por usted y por sus hijos, pido al TSE que anule este proceso plagado de anomalías y repita las elecciones antes de que termine el año”, agregó Mulet. Asimismo, el presidenciable Mulet pidió a la población unidad para defender su decisión y así “proteger la democracia”, afirmando que el crimen organizado robó las elecciones. Según Mulet, Guatemala está “a punto de convertirse en un estado fallido, igual que Haití”, además dijo que la “corrupción y la impunidad están a punto de destruir la gobernabilidad”.

Mulet también señaló que debido a las anomalías en el escrutinio de votos, el actual proceso electoral perdió legitimidad, ante lo que considera como una falta de transparencia de parte de las autoridades. “Levanto mi voz para protestar, no defiendo ninguna bandera partidaria, defiendo su derecho a elegir”, puntualizó Mulet; y, por otro lado, alertó sobre que Guatemala está ante la mayor amenaza a la vida democrática en los últimos 30 años. A juicio de Mulet, existen suficientes indicios para creer que se cometió un fraude en las elecciones y que se ha evidenciado incapacidad del TSE, la que se traduce en que no logra dar resultados “claros y transparentes”. “El Ministerio Público (MP) debe actuar de oficio y meter presos a los ladrones de la democracia”, sentenció Mulet.

Respecto del caso de un fraude electoral, la Ley Electoral dispone que corresponde al TSE “(…) declarar el resultado y la validez de las elecciones o, en su caso, la nulidad parcial o total de las mismas (…)”; y, asimismo, que procede la cancelación de un partido político “si por acción propia o de acuerdo con funcionarios electorales ocasiona fraude que cambie los resultados verdaderos de las votaciones o la adjudicación de cargos en un proceso electoral, vulnerando la voluntad popular expresada en el mismo, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan a las personas involucradas (…)”.

Sin duda, esta denuncia de fraude electoral reviste extrema gravedad y se esperaría que esté debidamente sustentada y acreditada. Un fraude electoral supone que se actuó con dolo, es decir con artificio, engaño o deliberada mala fe, que se traduce en una burla a la verdad, a la rectitud y a la voluntad ciudadana, para procurar una ventaja ilegítima e ilícita.

A estas alturas resulta arriesgado, con base en la información a la que ha tenido acceso la opinión pública, asumir un fraude electoral, lo que tampoco significa descartarlo, por supuesto, aunque debe tenerse presente que el mismo TSE ha reconocido la ausencia de confiabilidad en su sistema informático, así como irregularidades y anomalías en el escrutinio y digitalización, lo que se confirmó con la denuncia que el TSE presentó ante el MP, que ya dio lugar al allanamiento de las oficinas del TSE y que traerá imputaciones sin precedentes.

No sabemos si las fallas y deficiencias son generalizadas y estructurales, extremo que debería poderse determinar al cotejar los datos consignados en las actas elaboradas por cada Junta Receptora de Votos y los datos digitalizados, así como al confrontar el contenido de las actas contra las certificaciones extendidas a los fiscales en cada mesa electoral o, en su caso, a través del recuento de votos.

Habrá que esperar entonces a que se verifique técnicamente la información antes de saltar a conclusiones, como la anulación y repetición de los comicios, así como dar tiempo a que se produzcan los informes de la auditoría externa internacional que contratará el TSE, sin perjuicio, por supuesto, de las investigaciones que está adelantando el MP bajo el respectivo control jurisdiccional, aunque la paciencia ciudadana tiene límites.