Viernes 19 DE Julio DE 2019
Opinión

Retardo y resistencia

Fecha de publicación: 26-06-19
Por: Editorial

El lunes pasado, los fiscales de los partidos políticos Winaq, Victoria, FCN, Humanista, UNE, Todos, Semilla, PAN, Productividad y Trabajo, Viva, Convergencia, Unidos, Encuentro por Guatemala, Fuerza, Podemos, MLP, Creo, UCN, Vamos, Libre, Avanza, Valor, Unionista, Bien y Prosperidad Ciudadana, solicitaron que, previamente a iniciar el proceso de cotejo de los datos de las actas levantadas en cada mesa electoral con los datos resultantes de la digitalización informática, se accediera a las siguientes condiciones: 1) La presencia del pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE); 2) Visibilizar errores por la manipulación técnica; 3) Revisión de actas físicas y, de haber indicio delictivo, remitir la denuncia al Ministerio Público; 4) Una auditoría externa con firma reconocida; 5) Liberar programa informático para verificación técnica proporcionando el “código fuente”; 6) Que la revisión sea de 8:00 a 20:00 horas; 7) Que solo se permita la participación de fiscales y equipo técnico designado por cada partido; 8) Presencia de la secretaría general del TSE para hacer constar los actos verificados; 9) Realizar planificación para una revisión por cada distrito electoral; 10) Que se examinen las 5 elecciones; y 10) Que se entregue y explique un flujograma de procedimiento para la revisión.

Debido a que los magistrados propietarios del TSE no concurrieron, por razones que se ignoran, la sesión de verificación fue suspendida. Sin embargo, el presidente del TSE, Julio Solórzano, en conferencia de prensa aparte, expresó que “al día de hoy a nadie hemos declarado ganador” de la primera vuelta y que, asimismo, el pleno de magistrados del TSE evaluará la condición de la campaña que harán los presidenciables con “resultados preliminares”.

Asimismo, el pleno de magistrados del TSE informó que concluyeron las audiencias de revisión a nivel nacional, pero que aún están a la espera de recibir la totalidad de actas emitidas por las Juntas Electorales que servirán para oficializar los resultados de las votaciones, de lo que se deduce que el TSE no hará el cotejo que prometió previamente a oficializar resultados, lo que supondría que el TSE tomaría los “resultados preliminares” como definitivos y oficiales.

Por otro lado, se dijo que muchas impugnaciones no habían sido conocidas y resueltas por las respectivas Juntas Electorales Departamentales en el marco del procedimiento de revisión, en virtud de que las mismas no fueron ratificadas, requisito procedimental que no está previsto en la Ley Electoral y de Partidos Políticos ni en su Reglamento. En todo caso, toda impugnación debería ser resuelta y no simplemente rechazada de plano u omitida.

Sin duda, preocupa sobremanera que el cotejo entre los datos de las actas y los datos digitalizados no se lleve a cabo y que, por el contrario, se pretenda oficializar la información digitalizada originalmente, sin importar que la misma no se ajuste a la realidad del escrutinio, ni que existan vicios ocultos en el sistema informático.

En todo caso, estimamos que las condiciones formuladas por los fiscales de los partidos políticos al TSE son razonables y deberían ser aceptadas por la autoridad electoral.