Viernes 19 DE Julio DE 2019
Opinión

La jueza Claudette Domínguez al servicio de la impunidad

La desestimación del caso de las señoras achí, a pesar que varias de ellas identificaron a los patrulleros, demuestra la parcialidad de los jueces.

Fecha de publicación: 24-06-19
Por: María Aguilar

 

El viernes 21 de junio, a pesar de la lucha de señoras achí sobrevivientes de violencia sexual –varias de ellas engendraron hijos de los violadores–, de los cientos de evidencias documentales, de peritajes de expertos entre otros recursos la jueza de mayor riesgo, Claudette Domínguez, usó su discrecionalidad para decidir que había insuficiente evidencia para llevar a juicio a seis expatrulleros civiles por el delito de deberes contra la humanidad por la violencia sexual cometida contra 35 mujeres achí durante la época del conflicto armado, 1960-1996. Los hechos que se demandaban juzgar ocurrieron en Rabinal, Baja Verapaz, entre 1981 y 1985, cuando el genocidio arrasaba con comunidades mayas de Guatemala.

La violencia sexual contra mujeres indígenas, que es histórica y sistemática desde la invasión española, en la época moderna, acompañó las políticas de tierra arrasada de finales de la década de 1970 y 1980. El genocidio, justificado bajo la estrategia militar de quitarle el agua al pez, asumió el cuerpo de las mujeres no solo como botín de guerra que podía ser abusado y violentado para fines sexuales y de servidumbre, sino como un cuerpo que debía eliminarse para evitar la continuación de la vida indígena. Sin embargo, los testimonios de violencia sexual de mujeres mayas han sido históricamente desestimados por los tribunales de justicia y por el Estado. La violencia sexual había sido un tema tabú que los informes: Guatemala Nunca Más y Guatemala Memoria del Silencio, no investigaron a profundidad. Fue el juicio por genocidio de 2013, que abrió las puertas para que testimonios de violencia sexual fueran presentados ante tribunales nacionales. Este precedente permitió tres años después, el juzgamiento y condena a dos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado por esclavitud y violencia sexual a la que sometieron a 15 mujeres q’eqchi’, de Sepur Zarco, Izabal. Este juicio estableció un precedente que demostró que, en Guatemala, la violencia sexual fue utilizada como arma de guerra.

Es inaudito que la justicia, que por siglos se le ha negado a mujeres indígenas, continúe resolviendo a favor de la impunidad. La desestimación del caso de las señoras achí, a pesar que varias de ellas identificaron a los patrulleros, demuestra la parcialidad de los jueces. Según la CEH, en Rabinal, entre 1981 y 1983, las fuerzas de seguridad aniquilaron al 20 por ciento de la población. Los pocos procesos de justicia de la región han sido incapaces de reparar el daño. Hoy, la decisión de la jueza Domínguez se suma a la continuación del genocidio de 1980.