Viernes 22 DE Noviembre DE 2019
Opinión

Por respeto a los votantes

Para bien de las votaciones de agosto y para el de comicios futuros, debe –incluso– haber sanciones penales si hubiera actos delictivos.

Fecha de publicación: 21-06-19
Por: Luis Figueroa

 

Las primeras votaciones que recuerdo son las de 1970; pero no tuve participación directa en el proceso hasta 1982. De aquellos tiempos, recuerdo historias de cómo los miembros de las mesas y los fiscales anulaban votos con lápiz labial en las uñas, o depositando cigarrillos encendidos en las urnas. Oí historias de desaparición de urnas en los centros de votación que había en fincas y aldeas; es célebre el apagón de Guatel en 1974; y de cuando el conteo de sufragios se hacía en el Congreso, oí la historia de un grupo de diputados que entró una noche a cambiar votos, o algo así. Así se hacían los fraudes.

Ahora el fraude en las mesas es prácticamente imposible; aun si los digitadores (¿Millennials pomos para quienes un número es cualquier cosa que ellos sientan que puede ser?) han cometido errores. Esto es –principalmente– porque lo que prevalece son las actas que tienen los miembros de las juntas receptoras de votos.

La manipulación de las votaciones no es lo mismo que fraude. Aquella se hace mediante el manoseo del marco institucional y legislativo para las votaciones; mediante las decisiones arbitrarias de fiscales del MP, jueces y magistrados, tanto en casos de acción, como de omisión; ocurre cuando fuerzas poderosas –legales e ilegales– deciden que no se puede confiar en los electores y ponen “dados cargados” sobre la mesa, o apuntan con armas.

Dicho lo anterior, para enfocarnos en cómo evitar la pérdida de Guatemala en las votaciones de agosto, es atinado que el TSE haya anunciado que revisará acta por acta y que puede que haya sanciones para los responsables del fracaso del sistema informático del tribunal. Para bien de las votaciones de agosto y para el de comicios futuros, debe –incluso– haber sanciones penales si hubiera actos delictivos. Yo digo que los magistrados titulares deberían renunciar, y la fiscal general debería involucrarse. Y los miembros de las JRV deberían participar en la fiscalización mediante la publicación de las actas que tienen en su poder.

Eso sí, toda discordia electoral debe ser resuelta por vías legales.

¿Qué piensas?

Mientras tanto, #SandraNoTeToca.