Lunes 18 DE Noviembre DE 2019
Opinión

Reforma del sistema político electoral

Debería castigarse con cárcel el clientelismo y la demagogia.

Fecha de publicación: 17-06-19
Por: MARIO FUENTES DESTARAC

 

Inmediatamente después de concluido el actual proceso electoral, debe promoverse una reforma sustancial del sistema político electoral, a fin de que se profundice la democracia política, cuyos elementos esenciales, según la Carta Democrática Interamericana de la OEA, son, entre otros, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de organizaciones políticas, la separación e independencia de los poderes públicos, así como la libertad de expresión y de prensa.

Esto demanda la existencia de una autoridad electoral legítima, ilustrada, independiente, imparcial y neutral en el juego político partidista, la fiscalización de la legalidad, pureza y efectividad del sufragio, la plena vigencia de organizaciones políticas que sean eficaces intermediarias entre la ciudadanía y el ejercicio del poder público, así como un proceso electoral en el que se garantice la competencia en igualdad de condiciones, el debate abierto, el derecho a la información, la transparencia, la limitación y fiscalización del financiamiento electoral y la eficacia del derecho al voto en el extranjero.

En relación al fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, los diez magistrados titulares y suplentes deben ser elegidos de una nómina de 20 candidatos (y no de 40 como sucede actualmente), elaborada por la respectiva Comisión de Postulación, por la Corte Suprema de Justicia y no por el Congreso, como ocurrió en 1983, para un período de diez años, y que el presidente del TSE dure en el cargo cinco años.

Cabe advertir que si bien se instituyó el voto en el extranjero, este solo se puede ejercer para elegir Presidente y Vicepresidente, y no para elegir diputados y autoridades edilicias, lo que es excluyente y antidemocrático. Por otro lado, los comités cívicos electorales deberían estar facultados para postular candidatos a diputados distritales y a alcaldes, síndicos y concejales, y contar con financiamiento público.

Asimismo, debería desregularse el ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento durante el proceso electoral; la etapa de campaña (tres meses) debería iniciar después de la inscripción definitiva de candidatos; los amparos en materia electoral deben sustanciarse y resolverse en ambas instancias dentro de un plazo máximo de 15 días (diez días en primera instancia y cinco en segunda); debería alentarse la constitución de organizaciones políticas regionales, departamentales y locales, por lo que no debería imponerse la obligación de postular candidatos presidenciales ni un mínimo de candidatos a diputados distritales o a cargos municipales; el transfuguismo de los electos solo debería ser castigado por el electorado mediante el referendo revocatorio, que también debería instituirse; debería replantearse la “constancia transitoria de existencia de reclamación de cargos”; y cuando la sumatoria de votos nulos alcanzare una mayoría relativa, debería ser causa de repetición de la elección con nuevos candidatos.

En cuestión de las elecciones de diputados y alcaldes, debería adoptarse el sistema de elección uninominal o mayoritario, para que se el elector vote por el candidato de su preferencia y no por una planilla de candidatos, así como limitarse la reelección de diputados y miembros de las corporaciones municipales.

Finalmente, debería regularse la publicidad oficial, a fin de que el gobierno no pueda premiar o castigar, a través de la misma, a los medios de comunicación,  fortalecerse la democracia interna de los partidos mediante las elecciones primarias y castigarse con cárcel el clientelismo y la demagogia.