Martes 4 DE Agosto DE 2020
Opinión

Judicializar la políticas es mala idea

Es urgente la apuesta a la reforma constitucional del sector justicia si deseamos lograr la independencia y fortalecimiento del sistema judicial.

Fecha de publicación: 17-06-19
Por: Richard Aitkenhead Castillo

 

En Guatemala se viven horas difíciles en el ámbito político. Tan solo ayer se realizaron las elecciones presidenciales de primera vuelta, las de diputados al Congreso y del nunca aceptado Parlamento Centroamericano, y para las alcaldías municipales. Los resultados empiezan a ser trasladados a la ciudadanía con las consabidas sorpresas en algunas votaciones, y ya se empiezan a perfilar las nuevas autoridades y participantes de la segunda ronda electoral para la Presidencia. Todo ello, con una nube gris oscura sobre el país: la judicialización creciente de la política.

La historia política moderna de los últimos cien años en Guatemala, nos muestra claramente los errores cometidos y los peligros de los desafíos actuales. Una primera lección fue que los gobiernos dictatoriales militares nunca funcionaron en el tiempo ya que socavaron los derechos humanos de los ciudadanos, crearon corrupción al concentrar el poder y fueron siempre gobiernos sin visión de futuro. Desde el regreso a la democracia, a partir de 1986, esta etapa es terreno prohibido y así debe continuar.

 Un segundo error, no corregido aún, es el tamaño, forma de elección y distribución de las curules en el Congreso de la República. Al inicio de esta era democrática, era posible observar un Congreso con representación de varias fuerzas políticas, sin llegar a extremos de más de una docena de partidos, donde eran claras las fuerzas de cada agrupación política y existía disciplina partidaria con rol importante de los secretarios generales de cada agrupación. El Congreso era el centro de la negociación política, no el centro de los negocios turbios. Los candidatos con amplio respaldo popular podían alcanzar una mayoría parlamentaria. Esto se resquebrajó los últimos quince años con el aumento de diputados hasta llegar a superar los 150 diputados, con un sistema de elección por listados que privilegia las minorías y con un traslado de poder de los Partidos a los Jefes de Bancada. El resultado ha sido el debilitamiento del poder de los partidos políticos, más diversidad con menor calidad individual, poco debate y menos acuerdos sobre leyes nacionales y mucho más mercantilismo político con menos transparencia, más corrupción y pérdida de la credibilidad del Congreso como conductor de la política nacional. Urge una reforma constitucional.

La otra transición es hacia la judicialización de la política con intenciones subyacentes de luchar contra la corrupción e impunidad, en una etapa inicial, y, por la otra, de evitar la transformación del sistema actual. Esto fue evidente en una campaña donde fue vetada la participación de dos candidatas de alta popularidad, mientras se beneficiaba a otra candidata, a otros candidatos se les eliminaba o incluía en el último momento, y terminó con un allanamiento fuera de lógica decidido por un juez no directamente a cargo del proceso, a dos días antes de las elecciones. Todo ello en nombre de una transparencia que no se respira en el ambiente y donde es evidente la judicialización de la política. Es urgente la apuesta a la reforma constitucional del sector justicia si deseamos lograr la independencia y fortalecimiento del sistema judicial. Judicializar la política es muy mala idea. Ojalá lo entendamos a tiempo.