Lunes 18 DE Noviembre DE 2019
Opinión

El financiamiento de la campaña electoral

Cualesquiera que sean las reglas, el control del financiamiento electoral es siempre escurridizo e ineficaz.

Fecha de publicación: 17-06-19
Por: Mario A. García Lara

 

Con las elecciones del domingo 16 de junio terminó la campaña electoral, al menos en su primera fase, que fue irregular, atípica y llena de incertidumbres. Las redes sociales –que en otros países se han convertido en el medio preferido para las campañas políticas– fueron limitadas por la absurda prohibición del TSE de pautar en ellas, por lo que el medio más socorrido de propaganda fueron las pancartas, carteles, y pósteres que plagaron las calles y carreteras del país. Tampoco faltaron los tradicionales mítines en las plazas públicas. Y, por desgracia, otro medio de proselitismo –quizá más efectivo– fue la compra de voluntades con pelotas, camisetas, bonos, alimentos y hasta dinero en efectivo.

La pregunta siempre ha sido ¿quiénes pagan por toda esta parafernalia electorera y qué buscan obtener a cambio? Las donaciones “tipo Odebrecht” que alimentaron la corrupción –en Guatemala y en toda Latinoamérica– generaron una serie de reformas para tratar de regular y controlar el financiamiento electoral, con diversos resultados, pocos de ellos positivos. Cualesquiera que sean las reglas, el control del financiamiento electoral es siempre escurridizo e ineficaz. Para reducir los riesgos de que el financiamiento privado a los partidos políticos genere la captura de sectores del gobierno, algunos países –como Brasil y Chile– han prohibido de tajo el financiamiento empresarial a las campañas electorales. En Guatemala, este se ha limitado a un mínimo casi insignificante. Otras reformas en la Región incluyen reducir la propaganda al aire libre, aumentar el aporte financiero con dinero público y limitar las donaciones individuales.

El resultado no siempre ha sido el esperado. En Chile, las mayores regulaciones ocasionaron un aumento marcado del abstencionismo debido a lo que algunos analistas calificaron como un clima de poca motivación ciudadana. En Brasil, las limitaciones a la propaganda ocasionaron que se disparara el número de alcaldes reelectos. Las limitaciones al financiamiento electoral de las empresas ha provocado –como puede haber sido el caso de estas elecciones en Guatemala– un aumento del financiamiento proveniente del crimen organizado.

Algunos ingenuos sostienen que la solución es que el cien por ciento del financiamiento electoral sea con fondos públicos. Pero financiar a los partidos políticos con el dinero de los contribuyentes es una medida muy impopular. Además, en cualquier sistema electoral siempre existe financiamiento privado: según la definición del TSE guatemalteco, cualquier donación –sea en dinero, en especie o, incluso, en tiempo de activista– es financiamiento privado.

El control del financiamiento electoral es un problema para el que no hay panaceas, sino solo opciones difíciles ante el hecho inevitable de que la democracia cuesta dinero y alguien tiene que pagarlo. Reducir el tiempo de campaña y obligar a una total transparencia de los partidos y sus donantes puede ayudar. Pero la clave es que las reglas y controles deben ser aplicados por una autoridad electoral competente, fuerte e independiente, algo que nuestro TSE hace tiempo que ya no es. Cambiar esto debería ser parte esencial de la necesaria
reforma del sistema.