Miércoles 13 DE Noviembre DE 2019
Opinión

Otra equivocación del Tribunal Supremo Electoral

Fecha de publicación: 14-06-19
Por: editorial

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante el Acuerdo # 139/2019 de fecha 10 de junio de 2019, bajo la justificación de preservar el “secreto del sufragio” y evitar “incidentes lamentables”, que no define, ordenó que los integrantes de cada Junta Receptora de Votos, los fiscales y el alguacil designado, al cierre de la votación, entreguen sus teléfonos celulares al presidente de la Junta hasta que reciban la certificación del acta del escrutinio.

Esta decisión sin precedente cayó como balde de agua fría sobre el electorado y las organizaciones políticas, porque fue percibida como una clara pretensión de restringir los derechos a la información y a la comunicación, así como un intento echar sobre la etapa de escrutinio un manto de confidencialidad y de imposibilidad de documentar la fiscalización, lo que da pie a la opacidad y a la sospecha. En todo caso, en la etapa del escrutinio debe preservarse la fiscalización y la transparencia; y, con tal propósito, es perfectamente válido que cada participante documente el escrutinio y que los fiscales comuniquen irrestrictamente lo pertinente (irregularidades y anomalías, por ejemplo) a las respectivas organizaciones políticas, para fines de verificación y corroboración.

Afortunadamente, el repudio de la ciudadanía y de la opinión pública obligó al TSE a que echara marcha atrás y revocara el mentado acuerdo. Por supuesto, esto sin perjuicio de la procedencia de las acciones legales contra los responsables por el abuso de poder implícito en la ilegal ocurrencia.

En todo caso, esta tropelía se asimila al grotesco intento de la actual magistratura del TSE de controlar las entrevistas, los debates y los foros durante la campaña electoral, que también fue rechazado por la ciudadanía y la opinión pública, y en su momento dejado sin vigencia por los mismos perpetradores.

Lamentablemente, la autoridad electoral, bajo la actual magistratura, ha perdido la credibilidad y el respeto de que había gozado desde que se instaló el TSE el 30 de junio de 1983. Muchas son ya las sospechas y los despropósitos que pesan sobre la actual magistratura del TSE.

En este contexto, nos preocupa sobremanera la siguiente información: (i) La Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua) dio a conocer que el próximo domingo, día en que se celebrarán las elecciones generales, el transporte urbano en la Ciudad de Guatemala tendrá un costo de Q2.00, debido a que TSE no otorgó los recursos para que el servicio de transporte se prestara gratuitamente, a pesar de que la autoridad electoral cuenta con recursos suficientes; y (ii) El anuncio del TSE en el sentido de que la información de los resultados de los comicios se demorará.

Respecto de lo primero, cabe recordar que el domingo 7 de noviembre de 1999, día en que se celebraron elecciones generales, no hubo suficiente transporte urbano en la Capital, lo que levantó sospechas de manipulación política. Por tanto, lo informado por Asopagua deja un mal sabor sobre todo porque el voto capitalino puede hacer la diferencia en el escrutinio.

Por otro lado, la anunciada deficiencia del TSE para dar resultados hace temer al fantasma hondureño.