Lunes 16 DE Septiembre DE 2019
Opinión

Antejuicio electoral: ¿escudo de impunidad?

Fecha de publicación: 12-06-19
Por: editorial

La Ley Electoral y de Partidos Políticos dispone: “Desde el momento de su inscripción, los candidatos presidenciales y vicepresidenciales no podrán ser detenidos o procesados, salvo que la Corte Suprema de Justicia declare que ha lugar a formación de causa en su contra. Tampoco podrán serlo los candidatos para diputados o alcaldes, salvo que la sala correspondiente de la Corte de Apelaciones haga igual declaratoria. Se exceptúa el caso de flagrante delito, en el que podrán ser detenidos los candidatos, pero puestos inmediatamente a disposición del tribunal que corresponda, para los efectos consiguientes”.

Asimismo, la Ley en Materia de Antejuicio establece que el derecho de antejuicio protege la función y no la persona del servidor público, ya que tiene por objeto preservar la estabilidad del desempeño del cargo e impedir que el ejercicio de la función se vea menoscabada por las vicisitudes políticas. Si bien el derecho de antejuicio a favor de los candidatos a cargos de elección popular no protege directamente la función pública, sí la protege de manera indirecta, porque si el candidato queda inhabilitado injustificadamente para optar al respectivo cargo público se impide que los ciudadanos puedan elegirlo y que a este le sea adjudicado dicho cargo.

Por otro lado, la Ley en Materia de Antejuicio determina que un dignatario o funcionario público solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva. Empero, en el caso de los candidatos, al ser declarado procedente un antejuicio en su contra, los imputados deben quedar automáticamente suspensos como candidatos, así como sus respectivas inscripciones en el Registro de Ciudadanos (RC), por haber sido ligados a proceso penal, a través del correspondiente auto de procesamiento, aunque no se hubiere decretado prisión preventiva en su contra.

Durante el actual proceso electoral, cuya deriva es caótica, se ha evidenciado que el procedimiento de antejuicio ha servido para proteger o castigar a candidatos. Los ejemplos más elocuentes son los de los presidenciables Sandra Torres (UNE), Thelma Aldana (Semilla), Mauricio Radford (Fuerza) y Mario Estrada (UCN). Torres resultó beneficiada, en primer lugar, porque la denuncia penal en su contra, por la supuesta comisión de los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita, sospechosamente se presentó un día después de su inscripción en el RC como candidata; y, en segundo lugar, porque el procedimiento de antejuicio quedó detenido indefinidamente; por lo que Torres resultó protegida por el sistema en el marco del procedimiento de antejuicio.

Aldana, por su parte, si bien fue inscrita como candidata presidencial en el RC, por lo que le aplicaba inmediatamente la norma transcrita al principio de este escrito; sin embargo, el Director del RC no le reconoció el derecho de antejuicio, lo que le impidió recibir su credencial como candidata, ya que pesaba orden de aprehensión en su contra.

Por otro lado, las inscripciones de las candidaturas presidenciales de Radford y Estrada fueron “revocadas” (sin que exista esta atribución legal) por la autoridad electoral, en virtud de existir causas penales en su contra, sustentadas en supuestos “hechos notorios”, por lo que los mismos perdieron el derecho de antejuicio. Esto contrasta con la candidatura de Torres, cuya inscripción no fue revocada por la autoridad electoral, a pesar de que pende causa penal en su contra, también basada en “hechos notorios”. “Todos hijos o todos entenados”, dice el refrán.