Miércoles 19 DE Junio DE 2019
Opinión

Permanentes riesgos por defender derechos

La entrega del informe sucedió, mientras los exmilitares despotricaban en diversos puntos del país y frente al Congreso de la República, amenazando con actos violentos e impedir la realización del proceso electoral.

Fecha de publicación: 23-05-19
Por: Miguel Ángel Albizures

 

El martes pasado, el Procurador de los Derechos Humanos y la Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentaron el Informe sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, y lo titularon “Entre el compromiso y la adversidad”, una verdad que cae por su propio peso cuando se presentan las cifras de los ataques, en diversas modalidades, que sufren las personas que defienden los derechos humanos en el país. Esta categoría también incluye a los y las periodistas que opinan sobre el acontecer nacional o cubren los hechos que diariamente acompañan nuestra cotidianeidad: Corrupción, narcotráfico, tráfico de influencias o captura y órdenes de aprehensión contra personajes que tienen cuentas pendientes con la justicia, entre ellos varios candidatos a elección popular.

La entrega del informe sucedió, mientras los exmilitares despotricaban en diversos puntos del país y frente al Congreso de la República, amenazando con actos violentos e impedir la realización del proceso electoral. También los medios de comunicación daban a conocer las exhumaciones en un cementerio clandestino ubicado en el destacamento militar de El Chal, Petén, en donde arrojaron los cadáveres de detenidos desaparecidos en la década de los ochenta, muchos de ellos dirigentes comunitarios o población indefensa que no tenía nada que ver con la guerra y el enfrentamiento entre ejército y guerrilla. Así como sucedió ahí, también en el destacamento de Comalapa, en el de Cobán Alta Verapaz de donde se sacaron más de quinientas osamentas, o en la base aérea de Retalhuleu, y otros cuarteles de donde nunca más salieron quienes fueron llevados para ser interrogados, y acabaron cruelmente torturados y asesinados.

Llama la atención que aprovechen este proceso electoral para exigir un resarcimiento, nada menos que para un millón setecientos mil, según ellos, veteranos exmilitares que dicen “defendieron a la patria”, mientras que muchos decimos y demostramos que ensangrentaron al país, que se ensañaron con la población civil para “quitarle el agua al pez”, como claramente lo manifestó en una entrevista el en ese entonces Mayor del Ejército, Otto Pérez Molina, a los periodistas norteamericanos, Alan Nair y Jim Mary Simons, porque según él, la guerrilla se refugiaba en la población civil y esta venía a ser como el agua al pez. Quienes hoy reclaman resarcimiento, no tuvieron los arrestos para enfrentarse con la guerrilla, pues era más fácil arrasar más de 440 aldeas y asesinar a miles de mujeres, niños, ancianos y periodistas, que correr el riesgo de enfrentar en las montañas a la guerrilla.

Ahora quieren que se les pague por sus crímenes y se niegan a reconocer los hechos macabros del pasado por los que algunos de sus jefes o compañeros, de aquellos años, han sido juzgados y guardan prisión, lugar a donde muchos de ellos deberían de estar para resarcir a las víctimas con la aplicación de la justicia, pues además siguen siendo un peligro para la vida de defensores de derechos humanos y periodistas.