Domingo 26 DE Mayo DE 2019
Opinión

No más impunidad judicial

Hasta ahora, poco se ha dicho sobre la responsabilidad en la que incurrieron los magistrados que aceptaron a pie juntillas los planteamientos de la parte actora concediendo lo solicitado.

Fecha de publicación: 15-05-19

La crítica generalizada contra la resolución de la Sala Segunda de Apelaciones al otorgar la protección solicitada por la señora Torres, ha derivado en el desistimiento de la acción legal decidida seguramente para paliar los efectos de la acción legal en la imagen de la candidata; pero el caso es relevante pues evidencia la posibilidad cada vez más frecuente, de que los órganos jurisdiccionales adopten resoluciones atendiendo más a motivaciones políticas que a su función institucional a cargo de la aplicación justa y cumplida de la justicia. El tema es delicado pues, si bien los ciudadanos pueden ejercer el derecho de petición establecido en el Artículo 28 constitucional, no es aceptable que lo hagan interponiendo acciones frívolas e improcedentes planteadas, como en este caso, con base en la Ley contra el Femicidio que, contra toda lógica jurídica dio lugar a una resolución violatoria de normas constitucionales en este caso del Artículo 35, decisión que es de absoluta y exclusiva responsabilidad de los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones.

Hasta ahora, poco se ha dicho sobre la responsabilidad en la que incurrieron los magistrados que aceptaron a pie juntillas los planteamientos de la parte actora concediendo lo solicitado, a pesar de la tergiversación del texto y espíritu de la ley, pues las resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento y por tanto deben emitirse mesuradamente evitando contenidos violatorios de normas constitucionales, que bien podrían dar lugar a procesos penales en contra de los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones, en aplicación del Artículo 423 del Código Penal. No pretendo librar de responsabilidad a la parte interponente, pero nada grave habría ocurrido si los magistrados hubiesen actuado con propiedad y apego a la Ley, en lugar de emitir una resolución violatoria de las normas constitucionales, actuación que es de su total y absoluta responsabilidad. No olvidar que el asunto fue previamente conocido por la jueza de Primera Instancia Neldy Rodríguez, quien la desestimó y ordenó archivar por considerarlo improcedente.

Pero, como bien se dice, lo de “genio y figura hasta la sepultura”, la parte actora dispuso apelar la decisión de primera instancia ante la Sala Segunda de Apelaciones que irresponsablemente otorgó la protección solicitada, con lo que terminó causando un escándalo y un costo político significativo a la señora Torres, que ahora intenta minimizarlo con su desistimiento.

Falta ahora que la señora Torres desista de la acción legal enderezada con igual uso de la Ley contra el Femicidio, dada con lugar por la jueza Susana Salazar en contra de los fiscales que solicitaron levantar a la candidata el derecho de antejuicio ligado a una formal denuncia por su presunta implicación en el delito de financiamiento ilícito; pues, como bien dicen algunos dichos populares, que “el que nada debe, nada teme” y que “quien está limpio, ni de jabón necesita”.