Martes 20 DE Agosto DE 2019
Opinión

Censura judicial a la libertad de prensa

Fecha de publicación: 15-05-19
Por: editorial

Sandra Torres, candidata presidencial postulada por la UNE, al igual que en su oportunidad lo hizo contra el presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, ha denunciado, por la supuesta comisión del delito de femicidio, a los editores de elPeriódico, siguiendo a pie juntillas el mismo camino que, en su día, tomó la ex vicepresidenta Roxana Baldetti (hoy procesada y detenida por corrupción), quien denunció a Zamora por femicidio, como consecuencia de las críticas, cuestionamientos y señalamientos de corrupción que se hicieron en su contra a través de publicaciones de prensa.

Torres, no conforme con la denuncia penal que presentó contra Zamora, contra quien una juez de femicidio decretó medidas de seguridad en favor de Torres, decidió denunciar penalmente por femicidio a los editores de nacionales, deportes, cultura, fotografía, investigación y diseño de elPeriódico, así como a la gerente de Ventas de dicho medio de comunicación también por femicidio, aunque una mujer no puede ser sindicada por femicidio, lo que conlleva la pretensión de que se censure judicialmente al medio, sin más.

Aunque una jueza de femicidio ordenó el archivo del expediente por considerar que los hechos denunciados se encuadran en la Ley de Emisión del Pensamiento, Torres apeló ante la Sala Segunda de Apelaciones, la que ordenó que se dicten medidas de
protección a su favor, para que no se publique nada que pueda perjudicar a Torres.

En todo caso, cabe recordar que el Juzgado de Turno de Primera Instancia de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual dictó medidas de seguridad a favor de Torres, a raíz de una denuncia penal presentada por Torres contra los fiscales Juan Francisco Sandoval Alfaro y Andreí Vladimir González Arteaga, ambos asignados a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, que inició investigaciones criminales contra Torres por la supuesta comisión de los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Esta última persecución penal es del conocimiento público.

Una jueza de femicidio ordenó que dichos fiscales “no perturben” o “intimiden” a Torres y a su familia “de forma personal”, por algún medio de comunicación o mediante las redes sociales. Además, les prohibió el ingreso al domicilio temporal o permanente de Torres. Las medidas dictadas a favor de Torres entraron en vigencia el pasado jueves 4 de abril, tienen una duración de tres meses y están sujetas a prórrogas. La Policía quedó compelida a “auxiliarla” cuando ella lo requiera, en cualquier momento y lugar del país.

Las medidas de seguridad decretadas son las siguientes: (i) Se prohíbe a los presuntos agresores (…) que perturben o intimiden a Torres y a su núcleo familiar, de forma personal o a través de cualquier medio de comunicación o red social; y (ii) Se prohíbe el acceso de los presuntos agresores al domicilio permanente o temporal de la persona agraviada y a su lugar de trabajo y estudio. En virtud del cargo que ostenta cada uno de los presuntos agresores, las medidas de seguridad se otorgan sin perjuicio del derecho que los asiste de cumplir con el ejercicio de la acción penal pública.

Por tanto, denunciamos ante las autoridades nacionales y ante la comunidad internacional esta judicialización de la libertad de prensa en Guatemala, la que implica una abierta y deleznable vulneración de la libertad de emisión del pensamiento, consagrada en la Constitución, la Ley de Emisión del Pensamiento y los tratados y convenciones sobre derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala, y pedimos la inmediata intervención del Procurador de los DD. HH. y de la Comisión Interamericana de DD. HH. (CIDH), a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.