Domingo 17 DE Noviembre DE 2019
Opinión

Deudas del Estado pendientes

El diablo está en los detalles.

Fecha de publicación: 14-05-19
Por: José Alejandro Arévalo Alburez

 

A un mes de elegir a alcaldes y corporaciones municipales, diputados distritales y del listado nacional, diputados al Parlamento Centroamericano, presidente y vicepresidente de la República, quiero referirme a un asunto financiero-presupuestario del Estado que heredará el nuevo gobierno.

Antes, con cada nuevo gobierno aparecía (como por arte de magia) una deuda oculta o traspapelada, creada por funcionarios irresponsables, mal denominada deuda flotante o de arrastre.

Al cierre del año puede que no se sepa el monto exacto de algunos servicios porque las facturas se reciben hasta enero, pero son montos relativamente bajos y por conceptos identificados (agua, luz, teléfono, etcétera).

Pero no procede incorporar como pasivo del Estado aquellas deudas relativas a compras, adquisiciones u obras, porque conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, los egresos del Estado por ningún motivo pueden exceder lo aprobado en detalle como máximo en las asignaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso de la República (exigencia constitucional). Al intentar cobrarle al Estado obligaciones ilegales, casi seguro generará la persecución penal correspondiente.

Esto porque es punible penalmente, adquirir compromisos o devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, o disponer de créditos presupuestarios para una finalidad distinta a la prevista.

Pero hay dos adeudos del Estado legalmente establecidos, que se han venido acumulando y postergado su reconocimiento y pago.

Me refiero al Seguro Social, en donde los adeudos del Estado con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ascienden a más de Q30 millardos, tanto por cuotas patronales del Estado para el programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA), propiamente como Estado al EMA y al programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS), incluyendo la cuota patronal, así como el aporte para la atención médica de las clases pasivas.

Conforme a la Ley Orgánica del IGSS todos los habitantes de Guatemala que sean parte activa del proceso de producción, están obligados a contribuir al sostenimiento del régimen de seguridad social con derecho a recibir los beneficios para sí mismos o para sus familiares.

Otra deuda del Estado legalmente establecida, que excede los Q27 millardos es con el Banco de Guatemala y corresponde a las restauraciones del patrimonio de la banca central, que tampoco ha sido honrada como corresponde. Esto ha obligado a que el auditor externo independiente divulgue la situación, anticipando preocupación sobre su inclusión futura como activo realizable.

Este otro adeudo que, como el del IGSS, no podría seguirse postergando y serán dos temas que afrontará tanto el Ejecutivo como el Legislativo, si no es que también el Judicial si hay persecución por el incumplimiento de la legislación vigente. Escuchemos a los candidatos con sus propuestas de solución.