Domingo 12 DE Julio DE 2020
Opinión

Otro motín carcelario

Fecha de publicación: 13-05-19
Por: editorial

El pasado miércoles, en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, localizada en el municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala, ocurrió un motín que dejó siete reos muertos y 19 heridos. Con posterioridad a los hechos violentos las autoridades realizaron una requisa en la que incautaron siete armas, aunque el día del enfrentamiento se reportaron más de 30 reclusos armados.

Dentro del sistema de reclusión estatal se encuentra el Sistema Penitenciario, que es el sistema carcelario estatal cuyo objetivo es la readaptación social y la reeducación de las personas privadas de libertad y cumplir con las normas constitucionales y legales. Está a cargo del Ministerio de Gobernación.

Asimismo, al sistema de reclusión estatal están incorporados los centros de reclusión de menores en conflicto con la ley penal, que tienen en depósito a los niños y adolescentes, que, a pesar de que son inimputables penalmente, han infringido la ley penal. La finalidad de dichos centros es reencauzar y rehabilitar a los menores. También son parte del referido sistema los centros de protección y resguardo de menores en estado de exposición, abandono y riesgo. El sistema de reclusión de menores está a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.

Todo el sistema de reclusión estatal se encuentra en condiciones extremadamente precarias, incluso, deplorables. Por tanto, el desafío es inmenso, porque tiene que ver con la reestructuración completa del sistema de reclusión estatal, lo cual involucra la redefinición de objetivos, la formulación e implementación de nuevas políticas, así como el diseño y ejecución de una estrategia acorde con los nuevos objetivos y políticas, tal y como lo ordena nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Además, se requiere que el Estado suministre los recursos humanos y financieros necesarios.

Muchos organismos, instituciones y entidades estatales tienen injerencia sobre el sistema de reclusión estatal, el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación, el Consejo Nacional de Adopciones, el Ministerio Público, la Secretaría de Bienestar Social, la Copredeh, la Procuraduría General de la Nación, la oficina del Procurador de los DD. HH., entre otros. Esto supone enfoques, autoridades y responsabilidades parciales y limitadas a ámbitos determinados, así como que no exista una visión integral y una estrategia global, que asegure líneas de autoridad y responsabilidad claras y definidas. De ahí que todos los “responsables” se echen la culpa entre sí a la hora de los problemas.

En todo caso, debería pensarse en la creación de un Ministerio de Justicia, que asuma, con la especialización debida, la administración del sistema de reclusión estatal, que es una de las instituciones del sector justicia, así como la responsabilidad de diseñar e implementar una política de prevención del delito, que hoy por hoy no existe.