Sábado 21 DE Septiembre DE 2019
Opinión

Impunidad del financiamiento electoral ilícito con dinero sucio

Fecha de publicación: 30-04-19

El Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se preocuparon fundamentalmente por la investigación y persecución de la comisión del delito de financiamiento electoral ilícito proveniente de fuentes legítimas, o sea con dinero limpio, que se tipifica o configura con la falta de identificación del donante y con la omisión del registro de la donación en los libros de la organización política. Este delito estaba sancionado con prisión inconmutable (no convertibles en multa) de 4 a 12 años. El año pasado, el Congreso redujo la pena con prisión de hasta 5 años conmutables.

De hecho, se iniciaron innumerables procesos penales por la supuesta comisión del delito de financiamiento electoral ilícito con dinero limpio contra políticos, empresarios y funcionarios, incluyendo dos antejuicios contra el presidente Jimmy Morales.

Sin embargo, el MP, la CICIG y el TSE no promovieron la investigación y persecución de la comisión del delito de financiamiento electoral ilícito con dinero sucio (proveniente del crimen organizado, lavado, etcétera), que, según un informe de la CICIG en el año 2015, equivale al 25 por ciento del financiamiento electoral ilícito. Conforme lo advierte la CICIG, el otro 50 por ciento del financiamiento electoral ilícito proviene de los contratistas del Estado (sobrevaloración de obras públicas y de suministros al Estado) y el 25 por ciento de empresarios.

A la fecha, no se sabe de ningún caso a cargo del MP, la CICIG y el TSE de investigación y persecución de la comisión del delito de financiamiento electoral ilícito proveniente de la denominada economía negra, subterránea o brutal, ni tampoco del encausamiento criminal en contra de los respectivos autores, cómplices y encubridores.

Realmente, hasta ahora comienzan a conocerse algunas causas penales contra responsables de la comisión del delito de financiamiento electoral ilícito proveniente de dinero sucio, a instancias de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los EE. UU., lo que está causando un verdadero terremoto político en nuestro país.

De hecho, el TSE, con base en las informaciones noticiosas internacionales y nacionales relacionadas con denuncias por la comisión del delito de financiamiento electoral ilícito con dinero sucio, se ha visto obligado a revocar algunas inscripciones de candidaturas a cargos de elección popular. Sin embargo, existen inscripciones de candidaturas imputadas de financiamiento electoral con dinero sucio y proveniente de sobrevaloración de obras públicas o de suministros al Estado, en las que el TSE no se da por enterado, evidenciando con ello una clara y absoluta parcialidad, siguiendo a pie juntillas el viejo lema juarista: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.

Las denuncias vienen a sumarse al “caos electoral” que estamos viviendo derivado de la insufrible y desafortunada reforma de la ley Electoral y de Partidos Políticos de 2016, apadrinada por el TSE e impulsada por el expresidente del Congreso, Mario Taracena (UNE), que se volvió célebre después de su confesión de que durante el régimen de Álvaro Colom (2008-12), cuya primera ministra de facto fue Sandra Torres, habían ocurrido “cosas gruesas pero gruesas”, de las cuales cada día vamos conociendo más y más, y que siguen rebasando nuestra capacidad de asombro.