Jueves 23 DE Mayo DE 2019
Opinión

Revocación de candidaturas

Fecha de publicación: 26-04-19

El miércoles pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en reacción a la detención en los EE. UU. del candidato presidencial postulado por el partido UCN, Mario Estrada, quien es sindicado por narcotráfico y lavado de dinero, revocó, de oficio, la inscripción de dicha candidatura, dejando sin efecto el derecho de antejuicio inherente a la misma.

La resolución del TSE dispone: “Al tener conocimiento de un hecho notorio y público el cual no es necesario probar, en el caso de mérito el ciudadano Mario Amílcar Estrada Orellana, quien fue detenido el 17 de abril del presente año en la ciudad de Miami Florida, Estados Unidos, advirtiéndose con ello la existencia de hecho notorio y conlleva a la pérdida de los requisitos de idoneidad, capacidad y honradez del mencionado ciudadano (…) En el presente caso Mario Estrada ya no reúne los requisitos de idoneidad para la postulación y participación en el presente proceso electoral. Por tanto revoca la inscripción del binomio presidencial (…)”.

La Constitución establece que los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. La capacidad está relacionada con la aptitud, la suficiencia, la competencia y el conocimiento; la idoneidad es la adecuación, la pertinencia y la oportunidad; en tanto que la honradez se relaciona con el carácter, la integridad, la rectitud y la honorabilidad, o sea la moralidad, la ética y la conducta intachable. Por tanto, el Registro de Ciudadanos (RC) y el TSE, con apego a la Constitución, deben exigir y verificar la acreditación de dichos méritos por cada uno de los candidatos que pretenden competir en las elecciones.

Sin duda, la referida decisión del TSE es correcta, porque en torno al político Mario Estrada se ha presentado una grave imputación que lo coloca en la necesidad de que enfrente un proceso penal en los EE. UU. en el cual deberá dilucidarse su situación jurídica, extremo que, como dice el TSE, es un hecho notorio, es decir un acontecimiento público que no requiere prueba para acreditarse y pone en entredicho la idoneidad de Estrada para ocupar el respectivo cargo de elección popular.

La revocación de la inscripción de la candidatura presidencial de Estrada no puede asumirse como una suerte de “judicialización de la política”, mediante la que se pretende apartar a candidatos con base en imputaciones políticas, espurias o ilegítimas, sino como un apartamiento obligado basado en una efectiva persecución penal por la comisión de actos u omisiones calificados como delitos.

Empero, la decisión adoptada por los magistrados del TSE los obliga a actuar exactamente igual en todos los casos de inscripciones fraudulentas de candidaturas, para evitar que imputados de la comisión de delitos compitan electoralmente y que se sustraigan de la justicia penal al amparo del derecho de antejuicio que protege a los candidatos, sobre todo cuando el Ministerio Público ya ha accionado ante los tribunales penales con base en sólidas investigaciones criminales sustentadas en evidencias incontrovertibles o cuando existen causas penales pendientes contra los candidatos.

Por tanto, exigimos a los magistrados del TSE que actúen consistentemente y que apliquen la Constitución y la ley en todos los casos por igual, especialmente en aquellos que son “notorios”. Por tanto, las revocaciones de inscripciones de candidaturas deben continuar. En todo caso, los magistrados del TSE deben tener presente que la omisión es causa de responsabilidad personal y que mantendremos el dedo en la llaga.