Viernes 19 DE Abril DE 2019
Opinión

En torno a la calificación de riesgo

— Editorial

La agencia de calificación de riesgo país Fitch Ratings, aunque mantuvo la calificación de nuestro país en BB, redujo la perspectiva de calificación de “estable” a “negativa”, lo que supone una primera alerta. La referida agencia de calificación, en un comunicado, hace énfasis en la recaudación tributaria, el clima político, el enfrentamiento entre el gobierno y la CICIG y el proceso electoral.

Fitch Ratings destaca la baja recaudación tributaria, que equivale al 10.6 por ciento del PIB, que lo atribuye a la evasión y al débil control de la corrupción, así como la baja ejecución en inversión pública. Asimismo, se refiere a que el resultado electoral puede llevar a la instalación de un Congreso fraccionado y de un gobierno débil, lo que puede traducirse en un estancamiento político y una disminución de las perspectivas de reforma tributaria.

La agencia calificadora también señala aspectos positivos como que la deuda del sector público equivale al 24 por ciento del PIB, aunque el endeudamiento es progresivo debido a un débil aumento de los ingresos públicos. Las finanzas externas siguen siendo una fortaleza crediticia clave. Las reservas de divisas (US$12 millardos) cubren más de siete meses de importaciones, lo que resulta en uno de los índices de liquidez más altos entre los pares calificadores. Espera superávits en la cuenta corriente para 2019 y 2020, aunque en una tendencia a la baja. La cuenta corriente ha mostrado superávits en los últimos tres años, ya que el ingreso de remesas familiares compensó los déficits comerciales. Las remesas familiares (US$9 millardos) alcanzaron el 12 por ciento del PIB en 2018, luego de cuatro años de crecimiento con un promedio del 14 por ciento anual. Sin embargo, la inversión extranjera directa ha venido declinando desde el año 2013.

Si bien resulta interesante el informe de la mencionada agencia calificadora, así como la revisión de la calificación de riesgo para nuestro país, deben advertirse algunos aspectos que están incidiendo en el desempeño económico-financiero del país.

El antieconómico, antijurídico y antitécnico “Paquetazo Tributario 2012” (Ley Antievasión II y Ley de Actualización Tributaria), que fue elaborado con el patrocinio de oenegés internacionales, ha tenido una incidencia negativa en la economía y en la inversión productiva, así como ha dado pie a una tremenda incertidumbre jurídica, al extremo que ha habilitado la persecución penal de los tributarios sin determinar previamente por medio de un debido proceso si existe o no obligación impositiva o, en su caso, el menoscabo tributario. Asimismo, la suspensión de las licencias o autorizaciones a empresas mineras e hidroeléctricas por la Corte de Constitucionalidad ha desestimulado la inversión extranjera en Guatemala, lo que también ha incidido en la disminución de la carga tributaria.

Por otro lado, la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, aprobada por el Congreso en 2016, diseñada con el apoyo de agencias internacionales, ha redundado en un proceso electoral atípico, en el que impera la falta de información al electorado, la multiplicación de proyectos políticos, la justicia electoral selectiva y la restricción de la libertad de expresión de ideas.

En cuanto a la disputa surgida entre el gobierno y la CICIG, no puede omitirse que el Secretario General de la ONU no habilitó el obligado espacio de negociación previsto en el Artículo 12 del Acuerdo sobre la CICIG. Tampoco puede obviarse que en el negocio de la Terminal de Contenedores de Puerto Quetzal (TCQ) intervino el Banco Mundial, mediante la Corporación Financiera Internacional.

En nuestra opinión, aunque se vislumbran tiempos difíciles, también se visualizan grandes oportunidades con base en nuestras fortalezas. Aprovecharlas bien es el gran desafío.

Etiquetas: