Viernes 23 DE Agosto DE 2019
Opinión

Denegación de inscripción de candidatos

Fecha de publicación: 22-03-19
Por: editorial

Desde antes de que se iniciara el actual proceso electoral, expresamos nuestra honda preocupación no solo por la excesiva discrecionalidad en cuanto a la inscripción de candidatos a cargos de elección popular que la malhadada reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), emitida por el Congreso en el año 2016, le había otorgado a la autoridad electoral, sino también por la judicialización de la política que, indudablemente, se presentaría, debido a la grave politización de la justicia que se fraguó y consolidó.

La politización de la justicia se ha traducido en la emisión de fallos o decisiones políticas, ideológicas y espurias, por supuesto en abierta inobservancia de la Constitución que ordena que la justicia se imparte de conformidad con nuestra Carta Magna y las leyes, en tanto que la judicialización de la política ha convalidado el abuso de poder, habilitado la tutela ilegítima de la acción política y promovido la persecución arbitraria de opositores y disidentes.

La ausencia de criterios objetivos y fundamentados para inscribir o denegar la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, ha dado pie a que la actual autoridad electoral haga alarde de una patética discrecionalidad a la hora de inscribir o no a los candidatos postulados por las organizaciones políticas.

Incluso, la LEPP le otorga a la autoridad electoral la potestad omnímoda de rechazar la inscripción de candidaturas, que, a su juicio, hubiese “publicitado su imagen” en los medios de comunicación antes de la convocatoria a elecciones, la cual ha sido ejercida, con prosaísmo, por la actual autoridad electoral.

Por otro lado, la actual autoridad electoral ha venido manejando, a su antojo, los tiempos de las inscripciones. A unos candidatos los ha inscrito inmediatamente, mientras que a otros les ha diferido su inscripción incluso hasta entrada la campaña electoral, advirtiéndoles, en su caso, que no deben hacer propaganda. La actual autoridad electoral también ha revocado la inscripción de unas candidaturas y de otras no, por los mismos motivos, por ejemplo, cuando existen causas judiciales penales entabladas contra los aspirantes.

Asimismo, la actual autoridad electoral ha omitido del todo analizar si los candidatos tienen o no los méritos de capacidad (aptitud o suficiencia para el desempeño del cargo), idoneidad (apropiado o adecuado para el puesto) y honradez (rectitud de ánimo, integridad en el obrar) para ocupar los respectivos cargos públicos. Consecuentemente, se ha limitado a verificar si los candidatos cumplen o no con los requisitos formales, aunque sin confirmar la validez o vigencia de los documentos aportados.

Lamentablemente, la actual autoridad electoral tampoco ha sido imparcial. Lo vimos con la cancelación de partidos que violaron las reglas de financiamiento electoral. La parcialidad de la autoridad electoral también se ha reflejado en su actitud proactiva dentro del proceso de amparo promovido por la presidenciable Zury Ríos, que contrasta con la actitud pasiva de las autoridades electorales en el pasado, que han esperado, como autoridad impugnada (que no es parte), el fallo correspondiente, guardando absoluta neutralidad y aceptando el veredicto final.

Y, para colmo de males, la actual autoridad electoral ha pretendido controlar y censurar la libertad de prensa, extremo que se materializó en el desafortunado Reglamento para la Organización de Debates, Entrevistas y Foros Públicos entre Candidatos (as) durante el Proceso Electoral, que se vio obligada a revocar.