Jueves 27 DE Junio DE 2019
Opinión

Fraudes electorales modernos

Fecha de publicación: 16-03-19
Por: editorial

En apariencia todo se trata de puro celo legal; garantizar que se cumpla con la ley hasta en el más mínimo detalle. El hiperlegalismo no es nada nuevo para los guatemaltecos; todos hemos sido víctimas de interpretaciones antojadizas de la ley, actos arbitrarios por personas en cargos de autoridad y decisiones que privilegiaron la forma sobre el fondo del asunto. Una problemática que crece exponencialmente en la medida que se multiplica el afán de regular hasta el más mínimo detalle de la vida de las personas y se pierde la confianza en la buena fe de nuestro semejantes. Un hiperlegalismo que no necesariamente es sinónimo de justicia; antes bien, que en las manos equivocadas puede convertirse en un poderoso instrumento de arbitrariedad, injusticia y opresión. En tal sentido, por más que los responsables digan lo contrario, la judicialización de la política y el hiperlegalismo en materia electoral se han convertido en efectivos instrumentos para atentar contra la equidad, competitividad y transparencia del proceso electoral. A diferencia de lo que ocurría antes, cuando los fraudes electorales ocurrían en las urnas o en el conteo de los votos, los fraudes modernos ocurren muy pero muy lejos en tiempo y distancia de las mesas y centros electorales.

Modernamente los fraudes electorales se gestan al momento de calificar los requisitos que deben cumplirse para constituir un nuevo partido; mantener el estatus vigente para participar en una elección; aspirar a ser candidato a puestos de elección popular, o; cuando las autoridades electorales son complacientes con las ilegalidades de algunos partidos y candidatos pero son implacables con otros. El objetivo del fraude moderno es el mismo de antes: sacar de contienda a cualquier opción política que en competencia leal pudiera ganarle a quienes pueden manipular el sistema. Las oportunidades para manipular el sistema ocurren desde el momento en que se aprueba la legislación electoral hasta el momento cuando autoridades comprometidas con quienes los nombraron o los pueden remover interpretan la ley de forma arbitraria, o bien cuando órganos jurisdiccionales y de control cooptados por grupos de poder hacen cumplir la ley para favorecer a sus allegados y perjudicar a sus contrincantes. Cualquier parecido con lo que sucede ahora en Guatemala podría no ser coincidencia.