Viernes 24 DE Mayo DE 2019
Opinión

Una arenga desde las cavernas

La amnistía a criminales de guerra.

Fecha de publicación: 14-03-19

 

La Ley de Reconciliación Nacional fue decretada el 18 de diciembre de 1996, once días antes de la suscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera que clausuró el conflicto armado de 36 años. Esa ley extingue la responsabilidad penal por delitos políticos y comunes conexos, pero no aplica a genocidio, tortura y desaparición forzada, ni a delitos imprescriptibles según el derecho interno y los tratados internacionales ratificados por el Estado.

La confección de la Ley de Reconciliación hace casi 23 años conformó dos bandos. El gobierno, el Ejército y la guerrilla deslizaron furtivamente una suerte de ley de punto final y obediencia debida para liberar de toda responsabilidad a los perpetradores de crímenes contra la humanidad. Impunidad total. Una coalición civil de víctimas y defensores de los derechos humanos aceptó la prescripción penal de los delitos políticos para viabilizar la paz, pero no de aquellos actos atroces y a gran escala.

Ganó la tesis civil, que repetidamente desde 1997 ha sido ratificada por la CC. Quiere decir que las reformas que pretende aprobar hoy en tercera lectura el Pacto de Corruptos está destinada al fracaso por inconstitucional. Los diputados hicieron su carta a Santa Claus: recuperar el fuero militar, eliminado desde junio de 1996; amnistía total a los criminales de guerra, incluyendo a quienes han sido juzgados en los tribunales y cumplen condenas, dejándolos en libertad en un plazo de 24 horas.

Desde 1999 hasta el 2018 el MP llevó a tribunales 16 casos de graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto. Logró trece condenas que llevaron a prisión a 42 militares y paramilitares retirados, y a un exguerrillero: desde el excomisionado militar Cándido Noriega en 1999, hasta los más altos mandos militares el año pasado, entre ellos Manuel Antonio Callejas, Benedicto Lucas y Francisco Gordillo. (La condena por genocidio contra Ríos Montt se anuló y él murió en abril pasado.)

Persiste la pregunta: ¿Si la reforma del Decreto 145-96 está destinada a naufragar, qué sentido tiene impulsarla, profundizando además el aislamiento internacional que diligentemente labran Jimmy Morales y Sandra Jovel? Consideremos en primer lugar a los actores: militares retirados en función legislativa y de gobierno, y en pleno proselitismo político; además operan como grupos de interés. Ellos detuvieron su reloj político en 1980, cuando el Estado guatemalteco y el mundo funcionaban de manera muy diferente (desde entonces mucha agua ha corrido bajo los puentes: ya funciona, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional que juzga crímenes contra la humanidad, aprobado como ley interna en 2012). Los civiles hiperconservadores están retratados en el corbatín decimonónico de Linares Beltranena, ponente de la reforma. Muchos de ellos financian (y reciben financiamiento para) las campañas pro impunidad. Su lenguaje es el de la guerra fría y en sus anteojeras solo cabe una sociedad binaria de comunistas y anticomunistas, en pleno siglo XXI.

En segundo lugar, el contexto. La reforma surgió en 2017 cuando los ataques de Jimmy Morales contra la CICIG comenzaron su ríspido camino, y cuando se forjó el Pacto de Corruptos. La amnistía a los criminales de guerra es un gesto para la unidad de esos actores que quisiera sumar bases, aunque sea remoto. Álvaro Arzú I. sancionó la ley de Reconciliación, pero antes de morir declaró la “guerra”. El pasado 14 de enero su hijo anunció en el estrado del Congreso la prioridad que daría a esa reforma. La causa perdida de la reforma significa una arenga desde las cavernas para una nueva confrontación social, coincidente con el periodo electoral.