Jueves 21 DE Noviembre DE 2019
Opinión

Ilegalidad de la Copredeh

Fecha de publicación: 28-02-19
Por: Editorial

La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), creada durante el régimen de Jorge Serrano Elías (1991-3), mediante el Acuerdo Gubernativo #486-91 de fecha de 12 de julio de 1991, es una dependencia de apoyo al Presidente de la República en materia de derechos humanos.

En el Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio 2017 se asignó a la Copredeh un presupuesto de gastos que ascendió a la suma de Q208.1 millones (que fue el mismo para el ejercicio fiscal del 2018), lo que supuso un aumento del 51 por ciento con respecto al presupuesto de gasto asignado para el 2016 (Q137.8 millones), extremo que es ilegal, ya que no puede asignarse fondos a una comisión presidencial.

En todo caso, para el ejercicio fiscal 2019 la asignación presupuestaria para la Copredeh es de Q182.6 millones, solamente menor a la asignación para la SBS (Q295.3 millones), a cargo de la reclusión de menores de edad en conflicto con la ley o en estado de abandono, y a la asignación para la SOSEP (Q200.4 millones), en el capítulo presupuestario de Secretarías de la Presidencia y Otras Dependencias del Ejecutivo.

Por otro lado, cabe advertir que la Copredeh ha venido actuando en representación del Estado de Guatemala en el plano internacional, específicamente ante los Sistemas de DD. HH. de la ONU y de la OEA, sin tener la representación legal del Estado, ya que esta le corresponde, con exclusividad, al Presidente y al Canciller, conforme la Convención de Viena.

Es más, abogados de la Copredeh, en ejercicio de mandatos judiciales otorgados por el Procurador General de la Nación (PGN), quien tiene la representación del Estado en el plano nacional, pero no así en el plano internacional, presuntamente sin instrucciones expresas e inequívocas del Estado, han otorgado y suscrito Acuerdos de Solución Amigable (ASA) ante la Comisión Interamericana de DD. HH. (CIDH), así como, en nombre del Estado de Guatemala, se han allanado a reclamaciones en procesos ante la Corte Interamericana de DD. HH. (Corte IDH), lo que supone la renuncia en juicio del derecho de defensa del Estado, el cual es inalienable e irrenunciable.

En nuestra opinión, las actuaciones de los referidos mandatarios, y actualmente las actuaciones del Presidente de la Copredeh (con base en el Acuerdo Gubernativo #266 de fecha 22 de septiembre de 2016, que no ha sido publicado en el Diario Oficial), dentro de los procedimientos y procesos ante la CIDH y ante la Corte IDH, son nulas de pleno derecho, por falta absoluta de legitimación activa de los presuntos personeros del Estado. Por tanto, también son nulas ipso jure dentro de los indicados procedimientos y procesos, las renuncias al derecho de defensa del Estado, el desistimiento de pruebas propuestas por Guatemala y los allanamientos a las pretensiones de los reclamantes.

De cualquier manera, la representación del Estado ante los Sistemas de DD. HH.de la ONU y de la OEA debe estar a cargo de la Cancillería, conforme la Convención de Viena, por lo que resulta procedente que se cree un Viceministerio de DD. HH. en la Cancillería, que los resarcimientos sean administrados únicamente por la Secretaría de la Paz y que la burocrática Copredeh sea suprimida y liquidada, previa rendición de cuentas.