Lunes 22 DE Julio DE 2019
Opinión

Debilidades en endeudamiento público

Fecha de publicación: 23-02-19
Por: editorial

No hacía falta gran cosa para evitar la situación en la que se encuentran hoy el Congreso y el Minfin en relación al préstamo “Crecer Sano”. El Congreso pudo haber dado una lección del tipo de control que el Legislativo debe ejercer sobre el Ejecutivo, oponiéndose a aprobar esta operación en función de los altos riesgos que conlleva este tipo de operaciones y la falta de resultados de préstamos similares en el pasado. El Minfin, por medio de la Dirección de Crédito Público, pudo haber hecho lo propio evaluando profundamente los riesgos operativos e institucionales asociados con este tipo de operaciones. Sin embargo, pudo más la crónica necesidad de fondos de la hacienda pública y la ausencia de prioridades sociales en la agenda legislativa, que el buen juicio y la rigurosidad técnica.

Bastaba con consultar el Documento de Evaluación del proyecto del nuevo préstamo para constatar que el mismo Banco Mundial asevera que los “riesgos asociados con la política, gobernabilidad, capacidad institucional de ejecución y factores fiduciarios se catalogan como altos”, especialmente la forma tan ingenua que dicha operación pretende hacer frente a los “engorrosos procedimientos nacionales” que dificultan la gestión. Ni el Mides, ni el Fodes, ni la Sesan o el MSPAS son el mejor ejemplo del tipo de capacidades que demanda una operación de este tipo. O bien evaluar operaciones similares en el pasado, como el préstamo del BID de 2010 destinado a mejorar el “acceso y calidad de los servicios de salud y nutrición”. Operación que el mismo BID, por medio de su Oficina de Evaluación y Supervisión, reconoce que es “poco probable que … haya tenido una contribución significativa” en el combate a la “desnutrición crónica y mortalidad infantil y materna. La situación que ahora existe demuestra que no basta con reconocer la gravedad de los problemas sociales y la necesidad de más recursos, es imperativo también reconocer las profundas debilidades de planificación, información, administración, control y evaluación de las las instituciones públicas. Mientras esto no mejore, “el riesgo de dejar sin asistencia en materia de seguridad alimentaria y nutricional a más de 500 mil niños y 1.5 millones de mujeres en periodo de gestación” es real, independientemente de dónde provengan los recursos.